La intención de que los sanluiseños tengan lo más franqueado posible el acceso a la vivienda es desde hace 30 años una política de Estado. Comenzó en 1983, cuando asumió su primer mandato Adolfo Rodríguez Saá, continuó en los dos períodos de Alberto Rodríguez Saá y ahora tomó la posta Claudio Poggi, quien tras abrir un registro que rápidamente escaló a más de 13 mil postulantes, está cumpliendo paulatinamente con todos.

El actual Gobernador ya entregó 1.667 casas sociales y, con las 500 que anunció el martes pasado, tiene otras 3.419 en ejecución en 64 localidades. Esta dispersión de la oferta les permite a todos los habitantes de San Luis alimentar su sueño, no importa si es un pueblito alejado o los grandes centros urbanos como la capital y Villa Mercedes. En la medida de sus posibilidades, el Gobierno trata de ser equitativo.

El esquema es el mismo de las últimas tres décadas. Viviendas cómodas, de dos dormitorios, agrupadas en barrios a los que el Gobierno provee de la infraestructura básica con ayuda de los municipios, que brindan la factibilidad, y con un cronograma de adjudicación que tiene en cuenta factores sociales y económicos.

Para ello Poggi firmó el decreto Nº 74, que establece prioridades en la entrega. Desde su asunción, les ha dado prioridad a las familias numerosas y a las mamás solteras, que casi siempre tienen problemas más acuciantes relacionados con la necesidad de una casa. Y en cada adjudicación reserva un 10% de los hogares para aquellas familias que tienen un familiar discapacitado en su seno.

Cada inscripto tiene un legajo digitalizado y es un software ideado especialmente el que determina a quiénes corresponde recibir las próximas llaves. Entonces los actos resultan transparentes, igualitarios y con una fuerte carga de solidaridad.

Además, la constante construcción de nuevos barrios hace que la expectativa se mantenga alta y el índice de morosidad no crezca más allá de los límites lógicos de un sistema que requiere que todos paguen para poder funcionar de manera aceitada. Porque todos vienen pagando sus cuotas, a pesar de que algunos recién recibirán sus viviendas en los próximos años. Para lograr esto se necesita una credibilidad que el Gobierno de San Luis se fue ganando con el correr de las gestiones y a partir del cumplimiento en las adjudicaciones y en el control para que nadie se pase de vivo.

Sueños y Progreso. El Gobierno decidió fomentar dos tipos de planes para las viviendas sociales. Está el plan Progreso, que tiene una cuota de $500 y en el que el adjudicatario recibe una casa completamente terminada, a la que sólo tiene que entrar a habitarla, sin necesidad de meterse en gastos extra. Luego está el plan Sueños, cuya cuota es de $350, que otorga viviendas en perfectas condiciones, pero a las que les faltan algunos detalles de terminación. Por ejemplo, las paredes se entregan sólo con el fino, sin pintura, y los pisos están listos para colocarles cerámica o lo que deseen los flamantes dueños.

La actual gestión agregó otro plan, denominado Solidaridad, que es de autoconstrucción, con materiales proporcionados por el Estado en cinco etapas ya establecidas. Esto significa que los adjudicatarios son quienes levantan sus casas, con la ayuda de los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, que conocen del tema ya que ellos fueron pioneros en este tipo de edificación solidaria durante la gobernación de Alberto Rodríguez Saá.

El plan Solidaridad, que tiene en ejecución 849 viviendas en toda la provincia, establece que los futuros dueños recién comenzarán a pagar las 300 cuotas de $100 una vez que empiecen a habitarlas. Las más avanzadas, que son un centenar ubicadas en el plan Lote Eva Perón de la capital, están ingresando en la segunda fase de construcción; en tanto que otro grupo de 250 ya arrancó en el barrio Estrella del Sur, un pujante núcleo en la zona sur.

En ese mismo sector de la ciudad está el Gobierno levantando 1.150 viviendas de los planes Sueños y Progreso. Es un enorme predio ubicado en el cruce de la ruta provincial 3 y la autopista de las Serranías Puntanas. Hubo tres actos de preadjudicación consecutivos de 500, 150 y, ayer mismo, de otras 500 casas. Otro tanto ocurre en La Ribera, de Villa Mercedes, donde están en construcción 600 hogares que ya colocaron al complejo habitacional entre los más grandes de la provincia, a pesar que no tiene más de una década de vida.

El Gobierno también pensó en aquellos que venían pagando planes anteriores como Nuevo Desafío, Libertad, Amanecer y Siglo XXI, entre otros. Les respeta el valor de la cuota ($60 o $90) y facilita el acceso a la vivienda, incluso dándoles a elegir entre el viejo diseño de casa o la nueva tipología.

Inversiones genuinas. No hay pases de magia ni milagros en la política habitacional puntana, sólo administración sana de los recursos. Mientras la mayoría de las provincias destina entre el 80 y el 90 por ciento de sus ingresos al pago de sueldos, lo que se denomina gastos corrientes, San Luis sólo gasta el 50%. La otra mitad va a las inversiones de capital, que además de las casas son las autopistas, el wifi gratuito, los planes de fomento a actividades como la ganadería y la agroindustria, o los nuevos emprendimientos como el Plan TuBi, las Estampillas de Ahorro y los convenios con las municipalidades para obras que requieren los pueblos, que casi siempre tienen que ver con asfalto, cloacas, agua potable, gas natural, infraestructura o forestación.