La economía, basada en el principio de expectativas y reacción frente a las mismas, se altera cuando las expectativas inflacionarias generan una reacción de proteccionismo por parte del mercado, que aumenta los precios a partir de la presunción de una mayor inflación. Esa especulación ejerce presión inflacionaria y genera un impulso difícil de detener. Las especulaciones crecen cuando faltan certezas y se desconfía de los índices oficiales, como pasa con el Indec.

Los aumentos salariales ocultan parcialmente el inconveniente, pero, sobre todo en el sector público, producen un efecto de manta corta: se tapa en un lado para destapar en otro. Y lo que queda a la intemperie son las cuentas públicas. Eso le sucede a la provincia de Buenos Aires. Hay preocupación, aunque disimulada hacia afuera, en la administración de Daniel Scioli.

La inflación, muy elocuente en los productos de mayor consumo, se ha convertido en un rival para el Gobierno nacional (que tiene una alta imagen, y la mantendría si los salarios no quedaran relegados), y pasó a ser el caballito de batalla de la oposición.

Inflación e inseguridad están al tope en las encuestas entre las preocupaciones de la sociedad. En la Casa Rosada lo saben, pero no parece haber cambio de estrategia: siguen con números irrisorios en las mediciones del Indec, esquivan el tema y apuestan a un ritmo inflacionario controlado no mayor del 25 por ciento, con un crecimiento de la economía que para algunos estaría en el 7 u 8 por ciento.

Pero hasta en el propio oficialismo se teme de las consecuencias si no se toma el toro por las astas. Igual, se cree que “es difícil que se disparen los precios antes de las elecciones si el Gobierno, aunque no lo diga, empieza a actuar sobre el problema”.

Desde el ministerio de Economía bonaerense se guarda silencio al respecto, aunque esa cartera y, por ende, el gobierno de Scioli sufren un cimbronazo financiero tras los altos aumentos a los estatales. Estos incrementos elevan el déficit de la caja, obligan a buscar financiamiento y acrecientan la dependencia económica respecto de las arcas nacionales. Ni hablar si la inflación no se detiene y los gremios vuelven a la carga antes de los comicios.

Por lo bajo, la preocupación se reconoce en el entorno del Gobernador. Todos coinciden en la buena relación con el Gobierno nacional y en la fe ciega de que la ayuda financiera llegará en tiempo y forma. “No va a haber problemas para cumplir los compromisos financieros asumidos por la Provincia; nunca los hubo, ni los habrá”, fue la escueta respuesta de voceros de Economía.

Los últimos aumentos a maestros y estatales significan al fisco provincial un incremento de erogaciones de 8.500 millones de pesos. En el gobierno aseguran que ya tienen un colchón de 3.000 millones, adquiridos con empréstitos antes de abrir las paritarias. El resto deberá venir de otros préstamos, arcas nacionales y aumento en la recaudación, “porque cuando hay inflación también aumenta lo que entra a las cuentas fiscales, aunque ese incremento no es automático, sino más bien paulatino”, explica un experto en la materia.

Aun con esos paliativos, sin previsión de otro retoque a los salarios estatales, el déficit para 2011, previsto en un principio en 5.000 millones de pesos, estaría en los 8.000 millones. De allí que se mire con particular interés cómo el Gobierno nacional maneja las expectativas inflacionarias y actúa en consecuencia.

Un descarrilamiento conduciría a un agujero fiscal, y hasta podría poner en riesgo la tranquilidad que impera en todo el oficialismo respecto del proceso eleccionario.