A la evasiva de exponer las razones por las cuales aceptó la transferencia de reservas del Banco Central al Poder Ejecutivo, se sumó una omisión grave: la emisión monetaria. A pocos dirigentes y legisladores parece inquietar la inflación que deberán pagar los argentinos en 2010. Porque fue la emisión monetaria la que permitió sumar reservas al Banco Central y la que, ahora, pasará a formar parte del arsenal con el que se financiará el amedrentador gasto público y déficit fiscal.

No peca de inocente el que piensa que el próximo gobierno también podría querer contar con libre acceso a las reservas o, al menos, no pagar el costo político de ser los primeros en echar mano a las mismas en caso de ser necesario. Máxime, si se tiene presente que una de las tristes herencias que podría dejar el mandato kirchnerista es un costosísimo acceso a los mercados financieros, que pedirán una tasa de 14% anual para prestar dinero.

Hoy, países en condiciones económicas similares como Brasil o Uruguay logran refinanciar su deuda a tasas de menos del 6%. La desconfianza cuesta caro y el grado de inversión argentino –el vellocino de oro de los banqueros locales– aparece aún lejos.

Sin embargo, lo que asoma como un debate secundario solapado por el argumento sobre la forma en la que se dispone de las reservas, debiera constituirse en la primera de las discusiones.

Interpelada por el Congreso, Mercedes Marcó del Pont se quejaba ayer de que no le hicieron preguntas sobre su pensamiento económico o las políticas que intentará llevar adelante: es oportuno el comentario. Incluso una economista heterodoxa y alineada con las políticas públicas de la Casa Rosada como Marcó del Pont esperaba ser interrogada sobre el manejo irrestricto en materia de emisión monetaria que piensa llevar adelante si se aprueba su pliego.

En un contexto con fuerte suba de precios, gran déficit fiscal y baja posibilidad de subir impuestos o acceder a los mercados para fondearse, la política inflacionaria se muestra como la única salida que ofrece la teoría económica al deterioro fiscal. En rigor, se trata de una transferencia de riqueza de aquellos que utilizan el dinero (público) a aquél que los emite (BCRA-Tesoro).

La máquina de imprimir

Conviene volver sobre este punto: cuando el tipo de cambio está fijo, el público paga el impuesto inflacionario antes que el Gobierno lo gaste. Primero el gobierno devalúa. Esto hace que aumente el nivel general de precios. Por lo tanto, para comprar exactamente lo mismo que antes, ahora una familia utiliza más dinero, más pesos, más billetes: lo que antes era nominalmente 1, ahora es 2. Como todo producto muy demandado, el precio del dinero sube; es decir, la tasa de interés se incrementa. Esto también genera una corriente de liquidación de dólares en el mercado de cambios. Ahí sale el Banco Central, compra los dólares que se le ofrecen y los paga con pesos recién emitidos. De esta manera, el BCRA engrosa las reservas. Esta "ganancia" de la entidad monetaria será luego transferida al gobierno para que lo gaste (bienes, servicios y activos).

El irrelevante intercambio entre los legisladores y Marcó del Pont en el Congreso le pusiera fecha de vencimiento al trunco debate sobre si las reservas del BCRA deben dejar de respaldar el valor de la moneda y pasar a formar parte de un fondo discrecional.

Se sabe: en muchos casos, la política inflacionaria y devaluacionista ostenta la "virtud" de producir una rebaja del gasto público y de los salarios (reales), mientras que le da al Gobierno la posibilidad de cobrar impuestos distorsivos que buscan ponerle freno al desequilibrio fiscal. La receta se adapta perfecta a las necesidades que hoy tiene el Gobierno. Sin embargo hay algo que resuena de fondo: si se necesita devaluar... ¿por qué el dólar permanece quieto en $ 3,88?

La respuesta más elemental sugiere que se quiere evitar la incertidumbre que ocasionaría volver a tomar esa medida. Sin embargo, una política inflacionaria de dudosa concepción moral con tasas de pobreza que superan el 35% de la población, no puede terminar de otra manera más que licuando el poder adquisitivo del dinero. Al final de cuentas, el dinero es un elemento que no depende de decretos ni decisiones legislativas, sino de la confianza de los que lo utilizan a diario para vivir –y sobrevivir–.