La insistencia del gobierno nacional de aprobar una nueva Ley de Abastecimiento tomando en cuenta la que aprobó en 1974 el Peronismo luego de la muerte de su líder (Ver "La norma...") puso en alerta al empresariado argentino y el rebote no tardó en llegar a San Luis, donde también hay preocupación por la creciente intervención del Estado en los negocios privados.

2 proyectos más están en danza: la Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo y el Observatorio de Precios.

 

 

Jorge Edgar, gerente de la Cámara Industrial de San Luis, explicó que el organismo "acompañará a la Unión Industrial Argentina (UIA), de la que forma parte, en todas las medidas que decida tomar para evitar este nuevo avance del Gobierno, porque compartimos todos los cuestionamientos que hicieron sus dirigentes en el Congreso y en declaraciones periodísticas sobre esta ley".

 

Edgar reconoció que la única información que tiene la Cámara "es la que sacaron los medios", pero consideró que "están metiéndose en la propiedad privada, que es un bien supremo tutelado por la ley. Es grave, por ejemplo, dejar en manos de un funcionario la decisión sobre cuándo sos o no transgresor de la ley".

 

De todas maneras, no es optimista sobre el futuro: "El kirchnerismo tiene mayoría absoluta en el Congreso como para aprobar la Ley de Abastecimiento, así que les importa muy poco lo que uno piensa". Cree que sólo les queda "recurrir a la Justicia junto con la UIA, que nos representa a nivel nacional".

 

El Diario consultó también a Walter Padula, el ministro de Industria de San Luis, quien tiene un pasado en la actividad privada. "Con la intención de proteger a los consumidores a veces se avanza sobre la independencia de las empresas. Por lo que se conoce, claramente hay una intervención del Estado en el funcionamiento operativo de las empresas, lo que puede tornarse peligroso cuando está bien implementado. Hay que debatir a fondo el proyecto", pidió.

 

Según el funcionario, "hay otros mecanismos para actuar a favor de los consumidores, por ejemplo políticas más activas que incentiven la producción de bienes que son escasos o necesarios para el consumo de la sociedad".