Desde la fundación de Venezuela Awareness [U1] en 2004, muchas cosas cambiaron en el plano de los derechos humanos y las libertades políticas en la sociedad que lideró la revolución bolivariana. Patricia Andrade, presidenta de la organización defensora de los derechos humanos en su país —al que no puede regresar precisamente por su tarea humanitaria— destacó algunos momentos de esa evolución que hoy preocupa a los organismos internacionales y a figuras como Noam Chomsky o Desmond Tutu.

El primero de esos momentos: "Dejar a los venezolanos en total indefensión jurídica", analizó.

"Al principio del proceso chavista, uno de los primeros pasos fue tomar control del Poder Judicial. Aunque al principio de la primera década de Chávez en el poder se trató de dar una apariencia de respeto a las garantías judiciales y ejercicio de libertades civiles, poco a poco el régimen empezó a quitarse la máscara." Destacó como puntos centrales el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), el procesamiento de policías durante el golpe contra Chávez, la ordalía de la jueza María Lourdes Afiuni y el retiro del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por calificarla de golpista, Chávez ordenó el cierre de (RCTV), un canal con 50 años en el aire. RCTV no pudo contar con las garantías judiciales para ganar un recurso legal que le permitiera detener la orden arbitraria presidencial", resumió la directora de Venezuela Awareness. "El canal salió del aire el 27 de mayo de 2007 a las 11:59 de la noche y sus instalaciones tomadas por el régimen para instalar un canal oficialista. Esto fue el inicio de una fuerte escalada contra la libertad de expresión y prensa en Venezuela."

Sobre el segundo caso dijo: "En abril del 2009 se dictó la sentencia de máxima condena (30 años) a los procesados por el caso conocido como 11 de abril del 2002, que fueron los culpables necesarios de las diecinueve muertes ocurridas en esas horas de Chávez fuera del poder. Aún permanecen cinco policías metropolitanos presos, cuando su papel fue salvar vidas. Son los venezolanos con mas tiempo en prisión política, doce años."

El efecto Afiuni

Infobae se ha ocupado extensamente del caso de la jueza Afiuni, que aún se desarrolla. Sintetizó Andrade: "La jueza Afiuni, en su investidura y autonomía, acató una decisión del Comité de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ordenó la libertad condicional del ex preso político Eligio Cedeño. Su detención el 10 de diciembre del 2009 (y la del personal del tribunal a su cargo, que fue liberado horas mas tarde) dejó correr la cortina del control del Poder Judicial venezolano como un arma de persecución política manejada abiertamente por el Poder Ejecutivo: en cadena de televisión, el ex presidente Chávez ordenó el encarcelamiento y la condena de la jueza Afiuni mas allá de la pena máxima, la cual fue aceptada por la Fiscal General Luisa Ortega quien, sentada frente a Chávez, asintió con su cabeza".

La jueza Afiuni "fue encarcelada, en su tiempo en prisión fue violada, sometida al escarnio público y a un proceso judicial viciado, y su salud se deterioró al punto de casi perder la vida"; por ese motivo su situación preocupó a organismos internacionales de derechos humanos y el intelectual estadounidense Noam Chomsky pidió su liberación humanitaria en una carta. En febrero de 2011 se le concedió la prisión domiciliaria porque necesitó atención medica urgente, que incluyó una cirugía.

El caso desencadenó lo que la directora de Venezuela Awareness llamó el efecto Afiuni: "Ningún juez se atreve a dictar una decisión que vaya en contra de los intereses del régimen chavista".

Como último ejemplo capital del deterioro del resguardo jurídico de las personas en Venezuela, Andrade eligió el retiro del país de la CIDH. "En julio del 2012 el ex presidente Chávez reaccionó ante la sentencia condenatoria de la CIDH por las violaciones a los derechos humanos del ex preso político Raúl Díaz Peña, a quien representé", dijo.

"Denuncié las terribles torturas a las que fue sometido, las condiciones inhumanas de su reclusión (como negarle atención médica oportuna, lo cual le provocó daños irreparables a su salud), su detención prolongada mas allá de los límites establecidos por la ley y el proceso judicial politizado al que se lo sometió, sin las garantías para un juicio justo entre otras cosas. Este caso fue el primero que llegó a la máxima corte de derechos humanos para las Américas sobre tortura de un preso político venezolano, lo que confirmó nuestras denuncias de la existencia de otros, y la práctica de juicios políticos. Este retiro de la CIDH dejó a los venezolanos sin su instancia internacional para reclamar por su actual indefensión jurídica."