La investigación por las supuestas incompatibilidades de agentes y funcionarios en Río Negro llegó a la Justicia. Esa denuncia se formalizó mientras en el gobierno rionegrino se relegan las advertencias por parte de la Función Pública por potenciales irregularidades, originadas en la doble percepción de estatales rionegrinos.

En respuesta a "Río Negro", el titular de Economía, Alejandro Palmieri informó el domingo de 639 casos con doble percepción, con 21 funcionarios, de distintas "jerarquías". La Función Pública depende de esa cartera, por lo cual sorprendió que el ministro considerara que no existirían irregularidades. Aludió que en los agentes, "salvo determinadas excepciones, no configura incompatibilidad alguna", mientras justificó a los funcionarios porque son docentes, "tendrían suspendida la relación laboral, licencia sin goce de haberes o por la particular condición de la tarea no incurriría en incompatibilidad alguna", añadió.

Ese comunicado constituyó un cierre a la revisión planteada a fines de abril por parte de la Función Pública. Esa determinación respondería a una conclusión del gobernador Alberto Weretilneck, que se reservaría, en todo caso, ciertas desvinculaciones –en análisis– a su propia evaluación.

Ayer, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas reconoció que la semana pasada pidió toda información de las nóminas de presuntas incompatibilidades y ese órgano de control reclamó así por su facultad de aplicación de la ley de Ética Pública (N° 3.550). La respuesta de la secretaría de Omar Alfonso debía llegar el viernes, pero requirió otras 72 horas, aludiendo problemas del servidor informático para cumplir con la documentación.

La interpretación de las incompatibilidades por parte de Economía determinó que la legisladora Ana Piccinini formalizara una denuncia en la Unidad Fiscal de Viedma, considerando la probable comisión del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos".

En principio, esa presentación recuerda incisos de la ley de incompatibilidades con el ejercicio de la función pública, centrándose en el I que no permite "desempeñarse al mismo tiempo en más de un cargo o empleo público remunerado, cualquiera sea su categoría, característica y jurisdicción". Agrega el N que considera irregular toda "actividad remunerada por el Estado" con la percepción de un beneficio previsional.

Luego, recuerda que el Fiscal de Investigaciones Administrativas "tiene la carga de investigar" cada caso después de iniciada la "prevención sumaria" al presunto infractor por parte del superior, que debe informar al fiscal. Precisa que esa notificación no se cumplió. Agrega que el Tribunal de Cuentas es denunciante en ciertos determinados.

En el escrito penal, Piccinini advierte que esa falta de notificación agrava "las sospechas de encubrimiento sobre los malos e irregulares procederes de algunos inescrupulosos funcionarios que pareciera cuentan con protección gubernamental. La actitud del gobierno, a través de sus más altos funcionarios, no revela apego a la Ley".

En referencia al relato de Palmieri, la legisladora advierte que el ministro sentenció la falta de incompatibilidades, actuando "fuera totalmente del ámbito de su competencia". Agrega el caso de Martha Arriola, que "es confesa y admite la doble percepción".