La raíz del cortocircuito, que ayer se cobró dos vidas, es una decisión del gobierno de Sebastián Piñera de incrementar las tarifas de gas que pagan los pobladores locales, cuya resistencia se acrecentó ayer por la muerte de dos manifestantes, atropellados por un conductor que trató de sortear las barricadas. Por lo pronto, unos 1000 fueguinos quedaron varados, junto con transportes que llevan alimentos, combustibles, medicamentos y otros bienes de primera de necesidad.

La Argentina tendrá que plantear a la administración Piñera los infortunios que le provoca el bloqueo y pedirá que se intervenga para resolver la situación, mensaje que desoyó por años cuando Uruguay le reclamaba por el corte de Gualeguaychú. Aunque las circunstancias siempre son diferentes, los gobiernos deben tener presente que sus decisiones (o su inacción, como sucedió durante varios años) pueden generar un incómodo precedente político.