Si no incluyen a Río Cuarto, la antena se tendrá que desarmar

Ello representa un costo de $ 3 millones. Luego habrá que buscar otro lugar para reinstalarla. Por casi un año no habrá televisión gratuita en Río Cuarto y la región. Esperan que se amplíe la resolución

i no se incluye el caso de Río Cuarto en una resolución similar a las de las estaciones de Leones, Villa María, Villa Dolores y Malagueño, la antena de la Televisión Digital Abierta (TDA) local, enclavada en un predio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), tendrá que ser desmontada.

Según se pudo conocer, desarmarla tendrá un costo de $ 3 millones. El montaje demandó, con todo el equipamiento, $ 8 millones.

Si se llega a esa instancia, habrá que salir a buscar luego otro terreno para levantar de nuevo la torre.

Entre desmontarla y volverla a armar se demorará -se estima- ocho meses, lapso durante el cual no habrá televisión digital gratuita en Río Cuarto y la región.

Antes de que se difundiera la resolución de la Justicia Federal, la Provincia había dado marcha atrás con el cese preventivo de cuatro de las cinco antenas (no se incluyó a Río Cuarto) al dar un plazo de 60 días para que Arsat SA (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA) cumplimente los requisitos exigidos por la ley provincial 7343.

“Arsat decidió someterse a las normas vigentes en nuestra jurisdicción y corresponde declarar la suspensión del cese preventivo para las cuatro antenas”, dijo el secretario de Ambiente de la Provincia, Federico Bocco.

Como no figura Río Cuarto, el director de Radio y Televisión Argentina, Alberto Cantero, salió a pedir una resolución ampliatoria a la que se hizo para las antenas de Leones, Villa María, Villa Dolores y Malagueño.

También reclamó que Epec dé marcha atrás con la rescisión unilateral del convenio y la orden de desmantelar la antena.

“Lo que tiene que hacer Bocco es una resolución complementaria para incluir a Río Cuarto y después el titular de Epec, Osvaldo Simone, tiene que anular las decisiones tomadas. Hay una discriminación muy grande con Río Cuarto. Pido que el gobernador (José Manuel de la Sota), que también vive en Río Cuarto como yo, dé marcha atrás”,

expresó.

También el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades nacionales del país, pidió al gobernador que revea la medida.

“Exhortamos al Gobierno de Córdoba a la pronta y efectiva revisión de la medida de tal modo de darle plena vigencia a los derechos que se ven afectados en la ciudad de Río Cuarto”, señaló.

¿Qué va a pasar con la antena de Río Cuarto?

En la Secretaría de Ambiente se dijo que Río Cuarto no figura en la resolución provincial porque “no ha hecho las presentaciones que sí han realizado los otro cuatro casos”.

Y se añadió: “En la medida en que se repliquen las conductas producidas en los otro cuatro expedientes la resolución que se tomará será en el mismo sentido”.

Sin embargo, por un lado se insiste en que Ambiente tiene que dictar una resolución complementaria y, por el otro, en que Epec tiene que anular las decisiones tomadas.

Consultado por PUNTAL en Charras, el gobernador De la Sota dijo: “No sé (qué va a pasar con la antena de Río Cuarto). Lo único que puedo decir y estoy seguro es que la Justicia nos dio la razón e intimó a la empresa a que fuera ante la Provincia a presentar los papeles que corresponden. Si nos respetan y cumplen con la ley, no hay ningún problema. Ahora si nos quieren llevar por delante no”.

El costo

Desmontar la torre local demandará $ 3 millones de pesos. De ese total, $ 1,5 millón corresponde a la mano de obra y el resto, al material destruido.

“Los cables de Río Cuarto se llevan 10 millones de pesos por mes. Si se desmantela la antena, la televisión digital dejará de funcionar por casi un año, lo cual les significará a los riocuartenses un costo de 100 millones”, calculó Cantero.

Paralelamente, se ha planteado una demanda por daños y perjuicios por 20 millones de pesos en la Justicia de Capital Federal.

CRUCES

JULIO DE VIDO

(Ministro de Planificación)

* “Quedó en evidencia que la arbitraria clausura de las antenas no tenía ningún fundamento técnico ni obedecía a razones ambientales, sino que estaba motivada puramente por defender intereses de monopolios a los que les preocupa la democratización del acceso a la televisión porque de esa manera no es necesario pagar ningún abono. El fallo dictado reconoce que no hubo omisiones o errores que justifiquen la paralización de las obras, ya que ninguna de las presentaciones del Gobierno provincial lograba acreditar el supuesto impacto ambiental”.

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MARTÍN SABBATELLA

(Titular de Afsca)

* “El gobernador (José Manuel de la Sota) se dio cuenta de que no iba a poder defender los actos de censura que había cometido y, antes de que la Justicia lo descubriera, decidió dar marcha atrás. Pero llegó tarde porque igual lo descubrió”.

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MARTÍN FRESNEDA

(Funcionario nacional)

* “De la Sota seguramente se enteró de la resolución judicial, o fue avisado, porque estas cosas pasan, y entonces ensayó una suerte de marcha atrás en las clausuras”.

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FABIÁN FRANCIONI

(Diputado FPV)

* “Esto me pone muy feliz. Lo que ha hecho el gobernador es entender lo que sucedía luego de esa mala indicación que tenían algunos de sus asesores de querer perjudicar a los que menos tienen”.

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JOSÉ MANUEL DE LA SOTA

(Gobernador)

* “Lo único que puedo decir y estoy seguro es que la Justicia nos dio la razón e intimó a la empresa a que fuera ante la Provincia a presentar los papeles que corresponden. Si nos respetan y cumplen con la ley, no hay ningún problema. Ahora si nos quieren llevar por delante no. Debemos ser obedientes de la Justicia. Si nos han dado la razón hay que cumplir con la ley. De otro modo somos mal ejemplo. Basta de actitudes patoteriles. Este Gobierno es prepotente. Hay que respetar las leyes de la Provincia. Cuando esta empresa presente los papeles exigidos y esté todo en orden, no habrá problemas”.

Reunión de los intendentes kirchneristas

El Ente de Intendentes Unidos y Organizados de la Provincia de Córdoba se reunirá mañana en Córdoba capital para definir la agenda de trabajo del 2013, con el fin de resolver aspectos de la organización interna y analizar y firmar convenios con organismos nacionales, entre otros temas.

Gabriel Fernández, intendente de Viamonte, precisó que la reunión se va a concretar a las 15.30 en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) en la capital cordobesa.

De la reunión mencionada participarán funcionarios del Ministerio del Interior y Transporte y el subsecretario de Lechería de Nación, Arturo Videla, con quienes se analizará la elaboración y firmas de convenios con distintos municipios del territorio provincial.

Los intendentes serán informados también sobre distintas gestiones que se están realizando en organismos del Gobierno nacional, además de definir aspectos que tienen que ver con la organización interna del espacio, lo que incluye análisis de la situación política provincial y nacional, se adelantó.

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