Venezuela vivió ayer otro día convulsionado. Dos policías murieron y otros cuatro resultaron gravemente heridos durante una protesta por el aumento del pasaje del transporte público en la ciudad venezolana de San Cristóbal, en la región de Táchira (en el suroeste del país).

Los hechos ocurrieron cerca del Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes, donde desde primera hora de la mañana se concentraron manifestantes que provocaron el corte de algunas calles y avenidas.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Táchira, Ramón Cabeza, dijo que el autobús fue secuestrado por los manifestantes en el Instituto Universitario y con él embistieron al cordón policial que trataba de contener la protesta. El funcionario señaló que al menos otros 10 agentes resultaron heridos. 

“No sabemos si son estudiantes o no, pero fue algo inesperado: el ómnibus salió y arrolló a dos oficiales, uno de la Policía Nacional Bolivariana y otro de Policía de Táchira”, dijo Cabeza a los periodistas. Las víctimas tenían 25 y 20 años, respectivamente.

La policía del Táchira informó a través de su cuenta en Twitter que detuvieron a ocho posibles involucrados. Por su parte, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional procedieron a la detención de otros 36 sospechosos.

Según las primeras versiones, la manifestación estalló luego de que el transporte público aplicara un aumento en los pasajes.   

El gobierno dispuso que a partir del 1 de abril próximo el pasaje en colectivo cueste el 75 por ciento más caro (de 20 a 35 bolívares) y que jubilados y discapacitados, que hasta ahora viajaban sin cargo, paguen la mitad de la tarifa.

Las autoridades anunciaron además otros dos aumentos para el resto del año, a 45 bolívares a partir del 1 de agosto y a 50 bolívares desde el 1 de noviembre. Con estas subas, el alza de la tarifa habrá trepado el 150 por ciento en siete meses.

Por eso, las protestas de San Cristóbal parecen ser otra señal más del malestar que afecta a la sociedad venezolana, golpeada por una crisis económica que el mismo gobierno empezó a reconocer.

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Durante toda la Semana Santa pasada, el presidente Nicolás Maduro declaró el ahorro forzado de agua y electricidad ya que son críticos los niveles de los 18 embalses del país debido a una fuerte sequía y a la falta de inversión en el área.

El sábado, un joven murió en un episodio con la policía mientras esperaba en una de las colas para comprar productos de primera necesidad. El caso mostró cómo la violencia se ha incrementado en las colas de los supermercados y cadenas de farmacias, en un país golpeado por la escasez. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre enero y febrero de 2016 documentaron 64 saqueos o intentos de saqueo por falta de alimentos.

En esta situación, la oposición –que dispone de la mayoría parlamentaria tras la victoria en los comicios de diciembre– está aumentando su presión sobre el gobierno.  El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, solicitó ayer al presidente Maduro que cumpla con el mandato constitucional de convocar a reuniones del Consejo de Defensa de la Nación, vistas las graves circunstancias que vive el país. 

Además, falta solo la votación de la Asamblea –tras la aprobación ayer en comisión– para dar vía libre a la ley de amnistía que permitirá la liberación de cerca de 80 dirigentes políticos presos, entre ellos Leopoldo López y el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.