A partir de una denuncia presentada por el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, el fiscal de Cosquín, Martín Bertone, decidió imputar al presidente del Concejo Deliberante de esta ciudad Fernando Bazán y a la vicepresidente Irene Bonfiglio del supuesto delito de “acción de peculado de servicio”.

Pese al hermetismo reinante en la Fiscalía de Cosquín, que debió actuar en este hecho tras el apartamiento del fiscal de Cruz del Eje, LA MAÑANA pudo conocer de otras fuentes tribunalicias que la forma de imputación aplicada contra los dos ediles radicales es la más leve e insignificante que contempla el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.

“El fiscal Bertone aplicó el artículo 306 “in fine”, lo que implica que sólo existe una levísima sospecha de que Bazán y Bonfigli sean responsables de un delito. Se aplicó esta medida al solo efecto de citar a declarar a ambos funcionarios en el marco de la denuncia de Ortiz Pellegrini que demandó a Bonfiglio por unas declaraciones que ésta hizo en su contra en un medio de Cruz del Eje”, aseguró a LA MAÑANA un funcionario judicial de Cosquín.

Las fuentes consultadas por este medio aseguraron que el posible delito leve que se imputó a los dos concejales tiene más que ver con una improlijidad o falla administrativa que con un fecho que haya afectado seriamente un bien jurídico.

“Cuando Ortiz Pellegrini demandó a Bonfiglio, tanto esta mujer como su abogado defensor Fernando Bazán pusieron como domicilio propio la sede del Concejo Deliberante, algo que no debería haber ocurrido. Fue un error. No hubo peculado ni uso alguno de bienes del estado para lucrar en beneficio propio”, explicó a LA MAÑANA uno de los allegados a los dos concejales.

Tanto Bonfiglio como Bazán están sorprendidos por la imputación, por más leve que ésta sea, puesto que en definitiva fue una falla administrativa la que cometieron, un acto que sólo debería ser sancionada levemente por el resto de los concejales. En función de esta realidad se mostraron confiados en que todo el proceso quedará en la nada una vez que presenten su defensa ante el fiscal Bertone.

Como era previsible la imputación del presidente y de la vicepresidente del Concejo Deliberante causó sorpresa y múltiples comentarios entre los vecinos y generó satisfacción en el Departamento Ejecutivo ya que los dos ediles están muy enfrentados con el intendente Francisco Esteban. 

Muchos cruzdelejeños no entienden como por una simple desprolijidad administrativa se puede sancionar a estos ediles mientras en forma paralela están paralizadas desde hace más de un año, media docena de denuncias contra el intendente Francisco Esteban por delitos más complejos como malversación de fondos, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público presentadas por los concejales.