De este modo avanzan en distintos frentes las denuncias - y sus causa derivadas - en contra de Báez, quien con su empresa Austral Construcciones es la principal ejecutora de la obra pública en Santa Cruz; y de acuerdo a datos extraoficiales en los últimos 8 años le habrían sido adjudicadas más de 50 licitaciones en nuestra provincia, por una suma superior a los 4.700 millones de pesos.

Medidas

En cuanto a las medidas requeridas por Di Masi, fuentes judiciales informaron que pidió copia de la causa contra Báez para determinar si hubo demoras en avanzar en la investigación, por ejemplo en los allanamientos o en el impulso a las medidas solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuán.

El fiscal consideró que la causa se puede encuadrar en los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público y ahora las medidas deben ser resueltas por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Carrió presentó una denuncia contra los imputados luego de que Casanello envió a Río Gallegos la causa contra Báez por el presunto desmantelamiento de una bóveda en su chacra que se había iniciado por una presentación de la diputada.

La legisladora consideró que con su accionar Casanello quiere “encubrir las conductas criminosas que como se sospecha vinculan a los imputados con las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional que incluyen a la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”.

También lo acusó de haber demorado los allanamientos a la financiera SGI, a la que se investiga sobre si realizó el lavado de dinero a favor de Báez, y de no ordenar un allanamiento a un guardamuebles o baulera pedido por Marijuán en Tigre.

Sobre Gonella y Orsi, a cargo de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la legisladora sostuvo que cuando se inició la causa por lavado no imputaron a Báez y vinculó en esa decisión a Gils Carbó.

Austral enfrentaría problemas

La empresa fundada por Lázaro Báez hace diez años enfrentaría serios inconvenientes, tanto por las denuncias que afronta el empresario, como por las trabas que encontraría la firma para acceder a créditos y lograr nuevas licitaciones de obras públicas.

El lunes se conoció que Graciela Ocaña, ex funcionaria kirchnerista y actual diputada nacional por Confianza Pública, reclamó por escrito ante el Ministerio de Planificación Federal de la Nación que se excluya a la firma Austral Construcciones, , del proceso licitatorio para la obra de las represas sobre el río Santa Cruz.

La legisladora fundamentó su pedido en las sospechas que pesan sobre Lázaro Báez, pero los cuestionamientos ya habían sido manifestados a principios de año, cuando desde la oposición santacruceña se advirtió que el gobierno nacional podría “beneficiar” con la obra a “empresarios amigos”.

En respuesta el Ministro Julio De Vido había asegurado que “no se trata de tres empresas amigas del Gobierno” como lo señaló un diario matutino porteño (Clarín), y había mencionado que se vendieron 12 pliegos, y que se presentaron cinco uniones transitorias de empresas (UTE).

Vale mencionar que en el llamado a licitación pública nacional e internacional se aplicará el sistema de precio tope, es decir, un monto máximo que el Estado reconoce como oferta en el proceso licitatorio, que en este caso es de 21.600 millones de pesos argentinos.

Además los oferentes podrán aportar financiamiento propio, que se repagará a través de un contrato de venta de energía futura a precio acordado con CAMMESA.

De todos modos, ante la confirmación que Austral Construcciones integra uno de los consorcios, Ocaña consideró se debería revisar su participación.

“Es una vergüenza que en el mayor emprendimiento de obra pública del país figure la firma de un empresario que está sospechado y acusado de participar en hechos de corrupción contra la administración pública nacional”, enfatizó Ocaña.

También dijo que haría responsable al Ministro o a los funcionarios que sigan adelante con el proceso dado que “el Reglamento de contrataciones establece la responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones. De tal manera quienes convaliden hechos o actuaciones que resulten en un delito deberán responder por dichas consecuencias”, señaló.

Mientras esto ocurre, también trascendió periodísticamente que Austral se encontraría ante problemas financieros, y que se le complicaría acceder a créditos bancarios ante las insistentes denuncias sobre presunto lavado de dinero.

Esto podría repercutir tanto en la continuidad o paralización de las obras que lleva adelante en Santa Cruz, como en la posibilidad de despidos.