Así surge del decreto de citación divulgado por fuentes del Poder Judicial en las últimas horas. El ex gobernador Romero debe presentarse en la ciudad judicial a las 9 de la mañana.
La providencia, tal como se aprecia en el facsímil, fue dispuesta a instancia de la fiscal penal 7, María Inés Loyola, quien así lo requirió el 30 de abril pasado tras tomar conocimiento de que las causas penales de La Ciénaga, por el delito de “peculado” y la de Dinarco S.A., por “uso de información reservada para provecho personal” había vuelto al juzgado tras un largo periplo por la Corte de Justicia.
En el decreto de citación, que engrosa el séptimo cuerpo del expediente, el magistrado también ordenó otras pruebas, como un pedido de informes al Instituto Provincial de Viviendas y también se dio por aceptada la participación del abogado, Oscar Pedro Guillén “como abogado codefensor del imputado, Dr. Juan Carlos Romero”.
El golpe acusó recibo ayer después de la visita del oficial de justicia que, por órdenes del juez, notificó a Romero de su cita con la justicia. En el acto, y sin el recato que hasta ahora había demostrado a través de su diario, el ex gobernador salió a responder con una entrevista a su nuevo defensor.
En la misma, Guillén ensayó una perorata de tratados internaciones, garantías y derecho que llamó la atención esta mañana en la ciudad judicial, donde funcionarios judiciales y abogados esperaban algo mejor del letrado, famoso en el foro por hacerse destacar como “instruido”.
Básicamente, Guillén presentó a Romero como una víctima, blanco de un complot persecutor impulsado por un diario que no sólo vende la mitad de lo que imprime El Tribuno sino que también es la mitad literal del diario del ex gobernador.
Esto por cierto puede considerarse un halago para el diario formado por un ex diseñador de páginas de su propia casa, ya que con los antecedentes antes mencionado en cuanto a tamaño y flujo de venta, nadie hubiese imaginado semejante logro. En definitiva, Guillén no hizo más que reconocer que el diario que lo entrevistó carece de credibilidad alguna.
Claro que también le atribuyó culpa a otros medios que calificó como oficialistas, un término que en el complejo editorial de Limache la conocen muy bien, sobre todo después de doce años de escribirla y más que nada practicarla.
Sobre fallos y jueces
Guillén, de esta manera -absurda por supuesto- evitó responderle a su entrevistador (un periodista defenestrado por su cliente), sobre los fallos de dos jueces de Cámara y de toda la Corte de Justicia, los que si se suman, hacen un total de nueve magistrados que decidieron que Romero debía ser indagado.
Una explicación al respecto es lo que se esperaba de este letrado, quien prefirió aludir a supuestas maniobras pergeñadas desde el gobierno con la complicidad del Poder Judicial, cuando en realidad Romero gozó por cuatro años de impunidad gracias a jueces que manejó a su antojo.
Más fácil fue colocar a Romero como un perseguido político, pues Guillén fue muy insistente en el hecho de que la citación a indagatoria es en respuesta a la aspiración de su cliente de ser nuevamente gobernador, cuando en realidad todos saben en Salta que Romero no quiere ser gobernador sino “necesita” serlo, ya que esta sería la única manera de evitar un futuro tras las rejas.
Por y para ello, Romero lanzó su candidatura con tanta anticipación e incluso hoy mismo su diario divulgó un acto de tenor electoral del ex gobernador, en el cual, a propósito, reunió un escaso número de público.
Guillén alegó y sindicó al gobierno provincial como el artífice de la citación de su cliente, olvidándose de que los cuatro años que han transcurrido desde que se abrió la causa penal hasta la indagatoria que ahora debe presta fueron provocados por los innumerables recursos interpuestos desde la defensa.
Nada dijo tampoco del grave error de su codefensora, Andrea Astudillo Rizzi, quien dejo vender un plazo para apelación. Y por lo tanto, ahora su cliente debe regresar a la ciudad judicial, no para una inauguración sino para dar explicación de cómo 90 hectáreas de tierra en La Ciénaga, que debían ser destinadas a 1.871 viviendas sociales, terminaron en la sociedad Estancia del Carmen S.A. presidida por su hijo, Juan Esteban, a propósito: el próximo a ser indagado.
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