No sólo se trata de política, o de personajes vinculados a la política que pueden ser referenciados como “empresarios”. Esta semana, la AFIP clausuró por 20 días el Complejo Sobremonte. La investigación llevada adelante por el organismo reveló la existencia de un universo de ficción empresarial creado para evadir impuestos de manera sistemática. Aparecen en escena personas que cubren claramente a la verdadera sociedad. Ellos son: Roberto Obertti, Emilio Carabajal, Alejandro Fernández, Elías Guzmán y Horacio González; vigilador, petisero, albañil, empleado de una fábrica de autopartes y jubilado, respectivamente. Debe agregarse que una de las sociedades también está integrada por Elsa Beatriz Requi, madre de Eduardo Aracil, a la sazón uno de los dueños reales de Sobremonte, como cualquier nativo de esta aldea extendida sabe.

Toda la trama tiene un armador; el titiritero detrás de la escena es el contador público José Luis Gallinal.

Quienquiera sea que inicie una actividad comercial inscribiendo una sociedad sabe que hay normas y reglas que deben cumplirse. Cualquiera sabe que aún contando con el auxilio de la informática y la conectividad en Internet, obtener el número de cuit y la habilitación de clave fiscal por parte de AFIP es un trámite para respetar.

Esta investigación no debería quedar meramente en estos “presta nombres” ni en el propio Aracil y sus socios reales. Investigar a Gallinal y su estudio, sus contactos en la AFIP, que le han facilitado por años armar y desarmar sociedades a su antojo, es central, si esta acción tan explicitada busca algo más que un golpe de efecto momentáneo.

Pero en esta acción de armar sociedades para evadir impuestos, Sobremonte no está solo. Estuvo en Mar del Plata la viceministra de Trabajo Noemí Rial, quien llegó a nuestras costas para anunciar un subsidio para fileteros de mil pesos mensuales. El rubro pertenece a un ámbito en el cual armar y desarmar sociedades es un ejercicio rutinario: empresarios que no poseen barco; plantas de fileteado que manejan millones en exportación, en un negocio que es básicamente un juego fiscal de percepción de IVA. Y la lista sigue.

Aquí también está todo a la vista, salvo por parte de quienes tienen que actuar para desbaratar estos grupos que se apropian de la renta de manera escandalosa. Las acciones desarrolladas por la AFIP están ahora en manos del juez Alejandro Castellanos. Su Señoría, que no ha destacado por su fervor en materia de la acción pública punitiva al respecto de los delitos que le competen investigar, tiene aquí una oportunidad excepcional de avanzar en esta trama delictual que ha enriquecido a unos poquísimos a costa del presupuesto colectivo.

Sobremonte es un cartabón de esta historia, pero lejos está de ser el único caso y tampoco el más significativo. Gallinal y su estudio son clave en este esquema. Son armadores facilitadores de contactos y “soluciones” a medida para evadir, armar sociedades fantasmas, y ni siquiera tienen que recurrir a paraísos fiscales. Les basta con captar indigentes o personas de bajos ingresos para, por un mínimo dinero, hacer que concurran a ficcionar un pertenecer que se cae al mínimo cruce de datos.

Sería útil también que ARBA se interese en este rubro, tan ansioso que está su actual titular por cumplir con su palabra de que no llegaba para “cazar en el zoológico”, en sus propias palabras.

Observando el decir de la calle en estas horas, nadie cree seriamente que lo de Sobremonte pase de unos días. Luego vendrá lo habitual, es decir, evadir ante las narices de todos. Ojalá que esta vez no sea así.