Los ocho concejales del Frepam y del PJ que trabajan conjuntamente en un proyecto de ordenanza para ampliar la oferta de inmuebles en la ciudad y tratar de regular el precio, impulsarán este jueves el tratamiento sobre tablas, durante la sesión del Concejo Deliberante.

En la reunión de la comisión de Administración y Reglamento, de este martes, dos concejales que responden al intendente Luis Larrañaga, afirmaron que están en desacuerdo con la iniciativa. “Ustedes son mayoría, hagan lo que quieran. Yo estoy en desacuerdo porque después el problema es para el estado porque no tienen servicios”, adelantó el concejal Angel Ceferino Baraybar. El presidente del bloque del PJ, Juan Meca, también se manifestó en ese sentido.

Los concejales del Frepam (Marcos Cuelle, Guillermo Di Liscia, Cecilia Roigé, Felix Villatoro), el radical Mariano Salomón y las justicialistas disidente Liliana Robledo, Mariela Cabreros y Nilda Dogliolo, tienen decidido avanzar en la ampliación del radio urbano, a pesar de que las zonas previstas no tengan servicios de agua y cloacas. Presentarían las propuestas ese miércoles en una conferencia de prensa.

“El Ejecutivo no quiere hacer nada, no tienen nada pensado”, lamentó Roigé este martes. “Nosotros estamos trabajando en conjunto, a contrareloj, para sacar algo serio, que sea una real solución y no solo para las personas que tienen el Procrear”, agregó.

Los impulsores del proyecto tienen los votos para sacar el proyecto en la sesión de este jueves, a través de un tratamiento sobre tablas. Es una respuesta a un grupo de beneficiarios del Pro.Cre.Ar que reclaman por la falta de terrenos y los precios elevados, disparados por la especulación inmobiliaria en Santa Rosa.

Se ampliaría la zona urbana de la capital pampeana en tres zonas, incluído el predio de 90 terrenos que reclama el grupo de beneficiarios de los créditos hipotecarios que ya firmó un acuerdo con un vendedor que respetará el valor de 100.000 pesos por terreno que prevé la operatoria.

Además, los ediles pretenden autorizar la venta de dos inmuebles municipales que podrían subdividirse en 160 lotes que se venderían al 50% del precio de mercado. También tratarán un proyecto para que el municipio cobre una “plusvalía” a los propietarios de tierras que se benefician con la ampliación del radio urbano.

De esta forma, el municipio se haría de nuevas parcelas que integrarían un “banco de tierras” que se destinaría, en el futuro, a nuevas ventas, con el objetivo, incluso, de regular el precio de mercado y atenuar la especulación inmobiliaria. Los proyectos, de no haber dificultades, se aprobarán por mayoría en la sesión del jueves próximo. Los ediles ya decidieron sacar dictamen el próximo martes en la comisión.

Las iniciativas se dan en el marco de una tensa relación con el intendente Luis Larrañaga y sus funcionarios, que no dieron respuesta durante el verano a los reclamos de los beneficiarios del Pro.Cre.Ar y ahora observan con desconfianza la intromisión de los concejales.

En la sesión del jueves pasado, un centenar de beneficiarios del Pro.Cre.Ar se manifestó en el recinto. Durante varios meses, peregrinaron, sin obtener una solución, por las oficinas municipales y terminaron llevando su reclamo a los bloques legislativos del Concejo.

El grupo tiene firmado un acuerdo en una escribanía con el propietario de un inmueble, ubicado en las calles Robustelli y Frank, al suroeste de la ciudad. El dueño les vende 90 parcelas de 660 m2 a 100.000 pesos, un valor acorde con la operatoria crediticia nacional.

Los vecinos lograron el compromiso formal de la Cooperativa Popular de Electricidad y Camuzzi, que llevarán hasta la zona los servicios de energía y gas una vez que adquieran sus terrenos. Pero el municipio puso una traba: exigió cloacas y agua potable, servicios cuyas redes no están en condiciones de extender hasta ese sitio en el corto plazo.

Sin embargo, los concejales consideran que el municipio podría establecer la “factibilidad” de la extensión de las redes hasta ese lugar en un futuro y, en la transición, habilitar perforaciones de agua y el tratamiento de los desechos a través de biodigestores o lechos nitrificantes, opciones más ecológicas que los tradicionales pozos ciegos.

A los beneficiarios del Pro.Cre.Ar los apremia el paso del tiempo. Fueron sorteados en octubre del año pasado. Desde aquel momento, la búsqueda de terrenos con precios que se adecuen a la limitación de la operatoria -150.000 pesos como máximo- fue infructuosa. Hace cuatro meses, formaron el grupo a través de Facebook y comenzaron las demandas al municipio. Pero entre abril y junio, si no consiguen terreno, el crédito se cae.