Entre los expedientes ingresados se encuentra la iniciativa de la diputada Sandra Montiel, quien propuso prorrogar por el término de 180 días la vigencia de la Ley 4.382, prorrogada por las leyes 4.398 y 4.419, que establece la suspensión de los desalojos sobre inmuebles destinados a vivienda única y familiar. El objetivo es evitar los desalojos compulsivos de familias que se encuentran abrumadas ante procesos judiciales iniciados y, en muchos casos, con la posibilidad de perder el único bien que poseen.

Asimismo, los diputados Joaquín Sánchez y José Garzón Maceda, propusieron instituir la Ley del Corredor Público Inmobiliario. El proyecto de ley, que contempla el ejercicio del corretaje inmobiliario en el territorio de la provincia, define como requisito obligatorio para ejercer como Corredor Público Inmobiliario estar matriculado en el colegio profesional que se crearía en el caso de sancionarse la iniciativa. La propuesta pretende establecer, entre otros requisitos, la exigencia de poseer título profesional universitario habilitante, de acuerdo con lo establecido por la Ley nacional 25.028. Por otra parte, la diputada Elfrida Bär, pretende incorporar el artículo 10 bis a la Ley 3.426, referida a Bosques protectores a las fajas de monte nativo. La modificación sugerida establecería que el incumplimiento del artículo 4 de esa ley, en el cual se prohíbe "la conversión a tierras de cultivo forestal a las fajas ecológicas", lo cual obligará a los responsables a reforestar la zona con especies nativas en el plazo de dos años.