El legislador Federico Romano Norri, presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Salud Pública de la provincia, Pablo Raúl Yedlin. De este modo, el parlamentario opositor, pretende que el cuerpo trate en comisión las situación del funcionario, que en los últimos meses quedó envuelto en escándalo, por el intento de “estafa” contra el Estado al contratar por 800 mil pesos, cursos de capacitación con una fundación (Funsal) que no estaba legalmente constituida.

El también presidente de la Unión Cívica Radical fundó su pedido, en la causal de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo, en los que habría incurrido el ministro Yedlin, prevista en el artículo 47 de la Constitución provincial. Explicó que “concretamente, el ministro se encuentra incurso en la causal de incumplimiento de los deberes de su cargo, por haber violado el artículo 127 de la Ley de Administración Financiera, al firmar la Resolución 406, de fecha 29 de diciembre de 2009, en la que convalidó la realización de los cursos Endodoncia Complementaria al Saneamiento Básico, dictados por la Fundación Salud y autorizó el pago de dos facturas por las sumas de 423.500 y 378.000 pesos”.

Romano Norri indicó que el artículo 127 en cuestión, se refiere a que todos los actos administrativos que impliquen el uso de fondos públicos, deben ser comunicados previamente al contador fiscal delegado del Tribunal de Cuentas, en la repartición que lo genere. Lo cual no sucedió en el caso que involucra al titular de la cartera de salud. De no haber intervenido el órgano de control del gasto público, se habría cometido un perjuicio económico importante al Estado Provincial, consignó el legislador opositor. Para destacar que con el acuerdo 188, el Tribunal de Cuentas rechazó la resolución ministerial que autorizó el pago de los cuestionados cursos, y además avanzó en una investigación administrativa que concluyó que existió una serie de irregularidades y anormalidades, cuya responsabilidad recayó en el ministro Yedlin y en otros dos funcionarios del Ejecutivo. A partir de esos elementos, Romano Norri expresó que “un ministro que incurre en incumplimientos de sus funciones, debe ser destituido por Juicio Político”. En ese sentido, puntualizó que está demostrado y reconocido que hubo errores y faltas graves. Tales como la irregular autorización firmada por el ministro Yedlin, que si bien fue observada por el Tribunal de Cuentas y frenó el pago, esto implica que finalmente el Estado Provincial deberá hacerlo cuando sea demandado por el prestador. Porque no debemos olvidarnos que, según lo autorizó el propio ministro, los servicios se habrían prestado, con el aval y consentimiento del mismo”.

A su entender, es probable que a corto plazo, “la podrá ser demandada por la falta de pago de dichos cursos y será imposible negar su existencia, o invocar la torpeza administrativa del Ministro y sus colaboradores para eludir el pago”. Aunque para el gobernador Alperovich todo esto fue un error, al tratar de justificar a su ministro, para Romano Norri esto no es válido, al subrayar que “no se puede dejar pasar que un ministro haya generado erogaciones y deudas al Estado provincial, por sus des manejos. No se puede permitir que lo siga haciendo”.

Este pedido de juicio político se suma a los anteriores planteos realizados por otros legisladores de la oposición, para interpelar al ministro, como Esteban Jerez (bloque Alberdi) y Luis José Bussi (Republicano Fundacional).

Romano Norri explicó que con el pedido de juicio político “persigue desplazar a un ministro que, con su firma, ha tenido una conducta que demuestra un severo incumplimiento de las obligaciones que le impone su cargo y que ya consumado el daño, le ha generado una obligación a cargo de la Provincia, que algún día se pagará con los accesorios de gastos judiciales, intereses o multas y honorarios profesionales”. Por último, enfatizó que “su destitución, decisión que sólo compete al órgano Legislativo, es la medida correctiva que se impone”.