Los legisladores aprobaron ayer tres proyectos de ley, dos muy importantes que apuntan a la concientización y sensibilización de la sociedad, uno sobre instituir el premio “Jornadas Estudiantiles de los Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy” que lleva el Nº 5.766, y el otro “instituir el día 23 de septiembre de cada año como día contra la Trata de Personas” que lleva el Nº 5.767, ambos de autoría de la diputada Cristina Romano (UCR).

Mientras que el tercer proyecto sancionado con fuerza de ley 5.768 es sobre la creación de un Registro Unico de Bibliotecas de la provincia de autoría de la diputada Vilma Rivarola (FPV), quien destacó el valor de la norma para que se conozca el patrimonio que tiene la provincia ya sea en bibliotecas públicas, privadas, escolares y populares para colaborar con ellas y su preservación.

Las tres normas fueron acompañadas por todos los bloques. En tanto que la Ley 5.767 es de vital importancia para la comunidad ya que se incrementarían más acciones y políticas públicas para luchar contra la Trata de Personas, ya que Jujuy es una provincia de reclutamiento de mujeres para la explotación sexual y trabajo forzado. Es una de las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas.

También la diputada Domínguez hizo referencia a los casos de Trata, mencionando la desaparición de dos hermanas una de 13 y otra de 18 años de San Pedro de Jujuy. La mayor pudo escapar y fue recuperada en El Bananal, pero la niña sigue desaparecida.

Resaltaron los legisladores el mayor tratamiento del tema de Trata en los niveles educativos para erradicar este flagelo del siglo XIX. Que a través del Ministerio de Educación se promueva la inclusión de contenidos curriculares transversales sobre la temática de trata de personas y su prevención.

No hubo correctivo

Los legisladores debatieron más de tres horas sobre dos dictámenes referidos a la sanción al diputado Miguel Morales. Se pusieron a consideración dos dictámenes sobre el “correctivo” al legislador, excluido del bloque oficialista. El dictamen de la mayoría firmado por los integrantes de la Comisión de Asuntos Institucionales expresaba que debía ser sancionado por el artículo 115 de la Constitución provincial y el artículo 226 del reglamento interno de la Legislatura provincial.

Mientras que el dictamen de la minoría expresaba que las actuaciones contra el diputado Morales debían pasar a archivo. Para la aprobación del primer dictamen necesitaban los dos tercios de los diputados presentes como también para el segundo; no alcanzaron el número. La tan mencionada sanción al diputado Morales fue una anécdota más de lo que sucede en cada sesión parlamentaria, que no trasciende a la comunidad porque sólo son de interés político interno. Los diputados presentes fueron 44. Varios hicieron uso de la palabra para defender cada uno de los dictámenes. Se cuestionó la situación política y por otro la jurídica del accionar del diputado en cuestión sobre la sesiones del 17 de abril y una de agosto del año pasado. Morales se defendió de las acusaciones, se lo vio quebrado por las palabras de los legisladores de su exbloque. En tanto la oposición dijo no estar de acuerdo con la verborragia del diputado pero consideraban que no debía aplicarse el artículo 226.