La presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, Victoria Donda anunció que impulsará la creación de una comisión de legisladores para que investigue las denuncias que pesan sobre los campos del empresario Alfredo Olmedo y sancionen su destitución en caso de ser encontrado culpable.
El ente recaudador denunció que en un olivar -situado en La Rioja- perteneciente a Olmedo fueron hallados unos 400 trabajadores en "situaciones laborales infrahumanas", aunque esto luego fue desmentido por el legislador.
Por ello, Donda dijo que la comisión deberá determinar si estos hechos se pueden encuadrar en el artículo 66 de la Constitución Nacional, el cual indica que "cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos hasta excluirle de su seno".
El objetivo es que mientras dure la investigación Olmedo sea suspendido preventivamente en el ejercicio de sus funciones sin goce de dieta.
La diputada del interbloque Proyecto Sur explicó: "La finca AHO, propiedad del diputado nacional Alfredo Horacio Olmedo, fue clausurada por ser detectado por la AFIP un grupo de más de 360 trabajadores viviendo en condiciones insalubres e indignas".
"Esta situación vulnera las garantías fundamentales de nuestra Carta Magna y todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como ser derecho a trabajar en condiciones dignas y todas las demás normas que protegen a los trabajadores, a la salud y prohibición del trabajo infantil para su propio provecho", agregó
Querella
Los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos se presentaron ante el juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena. Hasta el momento, no había querellantes por lo ocurrido en los campos de Olmedo porque, según explicó el subsecretario Alen, las víctimas son personas de muy bajos recursos provenientes de Formosa y Bolivia que, por desconocimiento o temor, evitaron presentarse ante la Justicia.
“La ventaja de presentarse como querellantes es que podemos pedir, la declaración indagatoria para Olmedo y Madariaga Vedia, además de ofrecer pruebas y exigir medidas”, resumió Alen. En el escrito presentado , se subraya “el especial interés” de la Secretaría por intervenir ante los delitos denunciados “ya que su falta de juzgamiento y castigo, cuando corresponda, puede implicar sanciones internacionales al Estado Nacional”.
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