El rumor se echó a rodar durante las primeras horas de la mañana, luego parecía confirmarse con la presencia reforzada de efectivos de la policía en calles y peatonales céntricas, sin embargo, el desenlace fue el mismo de siempre: el operativo para erradicar a los vendedores ambulantes casi ni se percibió, por lo que la irregular actividad continuó llevándose a cabo de manera normal.

Así, pudo verse, sobre todo en la zona del Mercado del Norte, por calle Maipú y peatonal Mendoza, un despliegue descomunal de productos infantiles y juguetes esparcidos por las aceras, justamente propiciado por el movimiento a raíz de la proximidad del festejo de Reyes Magos.

Solamente, ante la atenta mirada de los efectivos dispuestos en las esquinas pero sin capacidad de acción, los cuentapropsitas desarrollaron su labor que tendió a perjudicar el libre tránsito por el lugar por parte de peatones. Más allá de las problemáticas causadas, agravadas por el importante grado de comercialización que se registra para esta época, las personas aún mantienen a la venta ambulante como una opción para realizar sus compras.

"Estimábamos que se de una situación como esta ya que hasta el momento no obtenemos una decisión certera y contundente por parte de las autoridades que ponga fin a esta competencia desleal que se repite año tras año. Lamentablemente, seguimos sin soluciones a la vista y el comercio formal se resiente", indicó el titular de la Federación Económica de Tucumán, Raúl Robin.

Cabe recordar que una medida judicial dictaminada en 2006 determina la erradicación de los ambulantes pero luego de seis años, sigue sin ser cumplimentada por el municipio capitalino.

"La Intendencia y la Provincia deberían ser los primeros en alarmarse por esta situación si se tiene en cuenta que no pueden acceder a ingresos impositivos o tributarios. En cambio, el empresariado debe soportar las cargas fiscales y además que se instalen en las puertas de los comercios en desigualdad de condiciones que nos afecta", adujo Robin.

Tensión en Tafí del Valle

En tanto, el secretario gremial del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), Claudio Robledo, aseguró ayer que "están preocupados y angustiados" por el intento de desalojo que sufrieron los vendedores ambulantes de la plaza de Tafí del Valle, al aducir que la Policía de la villa turística había amenazado con proceder a detenciones y decomisos de mercadería en caso de no acatar la orden dispuesta.

Al respecto, el referente de los ambulantes sostuvo durante 2012 se hicieron presentes en la Municipalidad de Tafí porque "decían que no pagábamos monotributo social y cargo municipal" para así poder "trabajar en enero y hasta el 15 de febrero, queremos aportar pero no nos dieron lugar ni participación".

Robledo expuso que solicitaron cuatro veces una entrevista con el intendente Jorge Astorga, pero que no recibieron una respuesta positiva al respecto. "Queremos desempeñar nuestro trabajo como cualquier ciudadano, nos parece una medida auditoria y hasta militar el accionar de la policía. Es una vergüenza que actúe de esta forma", exclamó.

Por su parte, Astorga, en aras de descomprimir la situación, aseguró que los vendedores serían reubicados a cien metros de la plaza, aproximadamente.

"Les notificamos que en la plaza no podían estar y les daremos una alternativa a cien metros de la plaza. Es imposible que puedan estar, años anteriores no estuvieron, mientras yo sea intendente no lo van a hacer", expresó el jefe comunal.

En este sentido, explicó que en la zona afectada para la instalación de los vendedores informales, se colocarán baños químicos para asegurar la comodidad de los propios ambulantes. "Por lo general son los mismos (los puesteros) todos los años, pero siempre algunos se agregan", remarcó.

En cuanto a la metodología de comercialización de estos puestos, Astorga manifestó que "venden de todo, desde ropa en adelante. Los comercios nos plantearon la situación, teniendo en cuenta que tienen empleados en blanco y cumplen con los requisitos", destacó el intendente en razón del malestar consignado por los empresarios del lugar que se encuentran habilitados para desarrollar la actividad comercial.