La reconfiguración de la alianza que instaló a Carlos Menem en la Casa Rosada maduró con el agravamiento de la crisis económica. El presidente decidió entregar el manejo de la economía a Bunge y Born, uno de los grupos empresarios más enfrentados con el primer peronismo (Claudio Bellini y Juan Carlos Korol).

El equipo técnico aportado por Bunge y Born y logró inicialmente desacelerar el alza de precios, que era uno de los objetivos planteados por el plan de estabilización diseñado por Miguel Roig y Néstor Rapanelli. Los problemas, sin embargo, resurgieron en los últimos meses de 1989. El déficit fiscal y la disparada del valor del dólar debilitaban el gobierno. Las tensiones sindicales hostigaban el programa de Menem.

Dentro de ese clima agitado se desarrolló una puja por la libre importación de azúcar, inducida por el ministro Rapanelli y los factores afectados por esa decisión (industriales y cañeros).

La judicialización del conflicto pudo frenar la ofensiva piloteada por Pablo Marú Challú, secretario de Comercio Interior. La liberación de precios no será generalizada, había advertido ese funcionario a fines de agosto. Aseguró también que esa política se aplicaría a partir de determinados productos sujetos a la competencia interna y externa.

La controversia

A fines de noviembre, cuando crecía el descontento con la política socioeconómica del menemismo, Rapanelli y Challú excluyeron el azúcar de la lista de productos que sólo podían ingresar al país con autorización previa. Se consideraba conveniente esa determinación. Asimismo, se exceptuó del régimen de admisión temporaria de importaciones el azúcar. En otras palabras, se abría la tranquera para el libre acceso del producto desde el exterior.

Desde ese momento se desató una tormenta de declaraciones que se extendió por todo el mes. La Unión Industrial Argentina (UIA) acusó al gobierno de trato discriminatorio y de someter el azúcar argentino a condiciones de competencia desigual. El industrial salteño Robustiano Patrón Costas alertó sobre los efectos negativos que ocasionarían las nuevas normativas en las regiones productoras.

En tanto, el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) advertía que se favorecía a sectores empresarios, representados por la Coordinadora de Productos Alimenticios (Copal), entre otras entidades. El pretexto de la falta del producto no existe, precisó Carlos Paz desde el CART. La UIA planteó que la actividad azucarera local chocaba con los precios subsidiados que ofrecían sus competidores externos.

Chispazos políticos

El ámbito político no permaneció ajeno a la puja de intereses económicos. Así, el 3 de diciembre, el gobernador José Domato manifestó que se oponía a la importación, pero remarcó que ella no infligirá daño a la actividad local. El diputado nacional (PJ) Antonio Guerrero dijo que la crisis en cierne obedecía a la imagen de decadencia y desprestigio de nuestro estado provincial. Antonio Bussi (FR), desde Jujuy, cuestionó la política azucarera de Menem, pero embistió contra el gobernador. Domato no defiende la producción de azúcar, sólo defiende el sillón, ironizó.

Juez en la picota

Alberto Alvarez Gaiani (Copal) acusó a un juez federal de Tucumán (Ricardo Sanjuán) de haber permitido a los ingenios desconocer los precios pautados por la Secretaría de Comercio Interior y presionar la suba de galletas, chocolates y bebidas endulzadas con el azúcar más caro. El CART tildó de adalid de la Copal a Challú. Finalmente, el 28 de diciembre el juez federal n° 1 Jorge Parache suspendió las normas de Comercio Interior ante una acción del CART.