La ley antiterrorista por la cual la presidenta Cristina Fernández de Kirchneranunció que el Gobierno denunciará a la imprenta estadounidense Donnelley por el pedido de quiebra y el despido de sus trabajadores, se trata de una reforma al Código penal sancionada en 2007 y modificada en 2011.

El texto inicial de la ley estableció penas de prisión a quienes formaran parte de una asociación ilícita con fines terroristas, fines cuya tipificación ha sido controversial.

La reforma posterior derogó la figura de "asociación ilícita con fines terroristas" pero agregó al Código Penal el artículo 41 quinquies, que eleva al doble la pena para los casos en que "alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Además, se establece que "las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".

La Presidenta denunció esta tarde en Casa Rosada los vínculos de la imprenta estadounidense con los fondos buitre y expresó: "Donnelley creó un estado de quiebra para generar temor".

"La imprenta Donnelley presentó la quiebra y fue tapa de todos los diarios sembrando el pánico de que cierran las fábricas", relató la Presidenta y agregó: "Donnelley, que es una multinacional muy importante, el 70 por ciento está integrada por fondos de inversión. Uno de esos fondos es Black Rock, que (Paul) Singer había transferido su participación. Todo hace juego con todo. Es un entramado mafioso".