Si bien se había anunciado que la draga que ensancharía y ampliaría la profundidad del canal principal del estuario de Bahía Blanca no afectaría la fisonomía del resto de los canales secundarios, la situación no sería tal.

Según pudimos constatar se generaron islotes en los accesos a los canales Cabeza de Buey y La Lista con el material del refulado.

De acuerdo con la información a la cual tuvimos acceso, La Draga “Marco Polo” operada por la UTE que forman la empresa holandesa Boskalis y la belga Jan de Nul, está operando en proximidades de las Boyas 29 y 30 del canal de acceso al Puerto de Ingeniero White.

Normalmente esta draga está capacitada para cortar el fondo del mar y refular (o sea expulsar agua y tierra) mediante una cañería hasta más de 5 km. de distancia. Para depositar en la costa el material que cortan en el lecho marino se requiere del armado de una cañería de un metro de diámetro que debe ser trasladada al sitio de trabajo mediante remolcadores, y en este caso, solamente se ha dispuesto una cañería de corto alcance, con lo cual está refulando en sitios muy cercanos a la zona de dragado.

Cabe destacar, que los sitios donde se deposita el producto del dragado están dentro de la Reserva Natural Provincial Bahía Banca, Bahía Falsa y Bahía Verde creada por Ley 11.074 con lo cual se estaría ocasionando un daño irreversible a un lugar protegido.

Si hacemos un poco de memoria, y recurrimos a nuestro archivo, en agosto del año pasado la firma holandesa Boskalis fue denunciada por un presunto intento de soborno a un funcionario uruguayo.

Las denuncias de soborno se dieron en el marco de una licitación pública para la realización de las tareas de profundización y mantenimiento del canal Martín García del Río de La Plata.

En nuestra ciudad, junto a la firma belga Jan de Nul, fue contratada de manera directa por el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca lo que generó diversos cuestionamientos de la oposición.

Es que el Consorcio de Gestión del Puerto había convocado a una licitación pública internacional que quedó sin efecto, ya que ninguna de las empresas que se había presentado reunía las condiciones necesarias.

Después de que se cayera el proceso, el Consorcio contrató de manera directa a la UTE por un monto de 124 millones de dólares, durante 5 años.