En mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia bonaerense anuló el decreto 671, de fecha 27 de diciembre de 1994, dictado por la Municipalidad de Bragado, declaró la ilegitimidad de la cesantía que se le impusiera al empleado A.L.L., y la condenó al pago del 60% de los sueldos dejados de percibir desde la separación del cargo hasta la fecha de su fallecimiento.

L.A.A. había ingresado el 17 de marzo de 1977 como personal de servicio y en planta permanente en el corralón municipal. Después fue trasladado a la planta de bombeo donde realizaba tareas de limpieza y mantenimiento.

En diciembre de 1993 le iniciaron un sumario administrativo, por informes del entonces Director de Mantenimiento, Raúl Miguel Becce, quien aseguró que ese empleado perjudicaba enormemente al municipio, por ausencias y ser encontrado en estado de ebriedad, extremos. Pese a que se había aconsejado 30 días de suspensión, la Junta de Disciplina, se extralimitó y aconsejó la cesantía.

Por otra parte, el máximo tribunal provincial consideró que el sumario administrativo adoleció de graves vicios en su sustanciación, y que se privó al empleado de su debida defensa, sobre todo porque no sabía leer ni escribir.