Una víctima del terrorismo de Estado reveló al secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, la existencia de un centro clandestino de detención y tortura en la provincia, que hasta ahora no había sido mencionado por ningún testigo, que habría funcionado durante la última dictadura cívico-militar.

La información fue publicada este miércoles en el sitio web de la provincia www.lapampa.gov.ar. El lugar, una casona vieja que en aquella época estaba deshabitada, está ubicado en zona quintas de Toay.

"En ese lugar, según relató el testigo, había personas que estaban siendo torturadas, puesto que escuchaba gritos de dolor y llantos. Algunas víctimas que declararon en la justicia en 1984, habían mencionado que desde el lugar donde se encontraban detenidos- Seccional 1° o Brigada de Investigaciones- habían sido trasladados a algún lugar en las afueras de la ciudad de Santa Rosa, en un viaje de aproximadamente 20 minutos por calles de tierra, donde fueron interrogados y torturados. Aunque no pudieron dar precisiones del lugar, puesto que estaban vendados y encapuchados, suponían que era la zona de Toay o en la zona del Tiro Federal", dice el texto oficial dado a conocer este miércoles.

Esa víctima -cuya identidad no trascendió- le contó al secretario Funes que en un momento de la tortura se le corrió las vendas de sus ojos y pudo ver y reconocer que se trataba de un lugar conocido por él, en la zona de quintas de Toay y que poco tiempo después de haber sido liberado, volvió a ese sitio y corroboró definitivamente que se trataba del mismo lugar donde fue torturado él mismo y varias personas más.

En virtud de este relato, el funcionario provincial se presentó ante el Juzgado Federal de Santa Rosa para solicitar que "se investiguen los hechos tipificados como ilícito penal en el marco de los denominados delitos de lesa humanidad acontecidos en nuestro territorio provincial entre el período 1976/1983, cuya descripción realizó este ciudadano, víctima del terrorismo de Estado".

El escrito oficial publicado hoy en la web del Estado también aclara que "por cuestiones de intervención e investigación procesal que tomara el Juzgado Federal local, y para preservación de datos, no será revelada por el momento la ubicación de este lugar como tampoco la identidad de la persona víctima de tales aberraciones".

Funes también remitió la misma documentación a la coordinadora de la Red Federal de Sitios de Memoria, Judith Said, organismo estatal interjurisdiccional que -con la coordinación del Archivo Nacional de la Memoria- articula las políticas nacionales, provinciales y municipales de memoria e investigación, que se llevan adelante en los ex centros clandestinos de detención y otros espacios vinculados con el terrorismo de Estado en todo el país.