A dos años de la sanción de la ley de identidad de género, en Mar del Plata más de 400 trans ya cuentan con documento en el que figura su verdadera identidad. Esto les permite, entre otros derechos, ingresar al sistema educativo formal y terminar los estudios primarios y secundarios.

Según datos proporcionados por la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (Falgbt) y la Asociación de Travestis, transexuales, transgéneros de Argentina (Attta), desde la aprobación del proyecto, unas 6 mil personas –el 85%, mujeres trans- de todo el país ya accedieron al derecho.

Sin embargo, desde el sector señalan que hay algunos "temas pendientes" para que la aplicación de la norma sea plena como, por ejemplo, la reglamentación del artículo 11 de la legislación que "impide el ejercicio del acceso integral a la atención sanitaria de las personas trans". La demora, afirman, se debe a la “negativa” del ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, a avanzar en ese sentido.

Cintia Pili, integrante del movimiento Atahualpa y de la cooperativa textil "Claudia Pía Baudracco", contó en diálogo con 0223 que inconvenientes que tienen para acceder al sistema sanitario les impide, por ejemplo, "poder realizar tratamientos hormonales e intervenciones en los genitales". "Esto se complica aún más en la salud privada", advirtió.

Si bien evaluó que es "muy positivo" lo alcanzado en materia de derechos hasta el momento, subrayó la necesidad de "profundizarlo". "La inserción laboral de las compañeras sigue siendo una deuda", afirmó. En ese marco, se refirió a la presentación de un proyecto de ley que estipula pensiones a trans mayores de 40 años y que es impulsado por la diputada María Rachid. "La expectativa de vida de nuestro colectivo apenas llega a los 45 años y, en la mayoría de los casos, son personas que no tienen trabajo", explicó. También anticipó que desde Mar del Plata se prevé la presentación de amparos colectivos durante el transcurso de este año para respaldar ese reclamo.

La ley de identidad de género fue impulsada en 2007 por Falgbt y Attta y aprobada por el Senado de la Nación el 9 de mayo de 2012 es la más progresista que existe en el mundo: no exige diagnósticos médicos, psiquiátricos ni ningún tipo de operación a quienes tramiten sus documentos.