La Comisión por la Memoria expresó su enorme preocupación ante el proyecto de ley presentado en relación a la regulación de las peticiones a las autoridades a través de manifestaciones y marchas que hacen a la convivencia democrática.

En casos como en este proyecto, que se quieren establecer requisitos previos para manifestar, estamos contrariando lo que significa la esencia de los principios constitucionales, los tratados internacionales y el sistema democrático que plantean justamente la posibilidad de circulación, manifestación y petición de los derechos esenciales que tienen los ciudadanos para poder expresarse ante la autoridad.

Si esa autoridad pública a través de la policía o del ministerio de Seguridad otorga permisos o prohibiciones en función de legitimar o no una manifestación, realmente estamos cercenando derechos fundamentales.

Además pretender una mediación obligatoria -como se establece en este proyecto de ley- para resolver un conflicto en un plazo brevísimo de dos horas es prácticamente imposible. Y nosotros decimos que en régimen democrático, la regla es la libertad y la excepción son las prohibiciones y esas prohibiciones tienen que venir de los tipos penales que están regulados en el Código Penal o leyes que prohíban determinadas conductas, pero todo aquello que nos está prohibido previamente o anunciado previamente no puede ser legalizado.

La mayor violencia que existe en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires es la violencia a través de la policía, entonces delegar en ésta la facultad de reprimir o no, de controlar o no, de autorizar o no, es realmente un retroceso muy significativo.

RP.- Sobran los ejemplos, ¿no?

En estos quince años de existencia de la Comisión por la Memoria hemos visto cómo hay a veces tendencias a marcar un rumbo autoritario y las actuaciones policiales han sido desastrosas. Partiendo de aquel terrible período del 19 y 20 de diciembre de 2001 con aquella represión violenta y atroz, luego de la cual asume Néstor Kirchner en 2003 y hay una suerte de reconsideración de la política de estado en relación a la actuación policial.

A la vez vemos un retroceso de que no se continúe con aquella línea que se pretendía instalar de no armar a la policía, no mantenerla en confrontación con la gente que se expresa y manifiesta. Además en este período transcurrido de diez años hemos tenido algunos crímenes que reflejan también los resultados nefastos de la represión policial: el caso del maestro Fuentealba en Neuquén; Mariano Ferreyra en Avellaneda; la represión de las comunidades Quom; lo del Indoamericano; los sucesos del hospital Borda son algunos reflejos de los tantos que han tenido que ver con estas formas de actuación de las fuerzas de seguridad.

Entonces frente a esto, incluso habilitando el uso de armas letales por parte de la policía, es un verdadero desatino a nuestro entender y atenta contra la construcción democrática.

Y por otro lado sostenemos que la posibilidad de peticionar es un derecho fundamental y es ejercicio del derecho, hablo de una sociedad de construcción, de una democracia que se consolida. Porque en última instancia quienes desean poner orden entre comillas siempre son los sectores autoritarios que están vinculados con el poder concentrado, que trata de disciplinar a los sectores que hacen demandas desde las mayorías o de los derechos de las minorías y que no tienen otra expresión a veces más que esta de poder expresarse directamente en una manifestación o en una protesta

Entonces consideramos que no es el camino adecuado y por eso rechazamos de plano la posibilidad de que se sancione esta ley.

RP.- ¿Le llama la atención que quienes presentaron la iniciativa sean dos diputados que vienen de dos líneas partidarias diferentes, como lo son Carlos Kunkel y Darío Giustozzi?

Sí. Lo que pasa es que creo que acá uno podría más leer la letra fina o la letra chica, y quizá hay diferencias importantes de matices entre un proyecto y otro pero en definitiva parece que fuera una especie de competencia en un vuelco a la derecha en lugar de disputar una postura progresista y de defensa de los derechos frente a otras posturas que son auténticamente autoritarias.

Hay un corrimiento de la sociedad en general hacia la derecha de otros tiempos que se verifica con los linchamientos, con el repudio irracional al anteproyecto del código penal, con el reclamo de manodurismo, con un desprecio a los reclamos, y creo que lo que hace a una postura seria, consecuente a través del tiempo es defender principios y convicciones que tienen que ver con el arraigo democrático más allá de estos vaivenes que generalmente han sido nefastos, como fue el efecto Blumberg en 2004, que si uno se deja llevar por esa corriente, lo que se hace es retroceder en vez de avanzar en esa construcción democrática.

La Comisión por la Memoria tiene muy claro que hay que sostenerse en esto más allá de que soplen vientos de sentido contrario, por irresponsabilidades políticas muchas veces, de sectores que por un puñado de votos apuestan al manodurismo.

RP.- ¿Le parece que por el clima social que se vive quizá el político puede estar queriendo responder a la presión de la sociedad?

Sí, pero creo que esa lectura no es correcta en el sentido que la sociedad no por espontaneísmo está teniendo esta orientación y este reclamo, sino que está fomentado e incentivado desde el poder real a través de campañas muy bien orquestadas, que tienen que ver con los llamados golpes blandos, con la instalación del concepto de manodurismo como una forma de garantizar únicamente por esa vía los derechos y en última instancia esa llamada sociedad o la gente está siendo manipulada por sectores concentrados que son los que son los que han manejado los hilos del poder a lo largo de la historia. Esto, si no lo visibilizamos, tenemos una miopía política enorme. Si estos sectores políticos se dejan llevar por estas demandas y las incentivan en última instancia actúan con gran irresponsabilidad, porque la mirada política tienen que ser muy profunda, a largo plazo y de construcción solida, no dejándose llevar por vaivenes circunstanciales de opiniones que están manipuladas evidentemente por estas orientaciones que no solamente se dan en Argentina sino que lo advertimos en otros países de Latinoamérica y que apuntan a desestabilizar gobiernos democráticos y estas construcciones democráticas.

Entonces yo creo que no es correcto que el político responda a esa inmediatez desde una demanda, que insisto no es espontanea sino que es generada.

RP.- Por último, la legisladora Ramona Pucheta presentó algo más en sintonía con la visión que usted acaba de explicar, que tiene que ver con crear un archivo general de demanda por ejemplo, porque dice que las manifestaciones crecen ante la falta de respuesta a lo largo del tiempo.

No conozco puntualmente esa propuesta, pero en última instancia todos los mecanismos que signifiquen articular la negociación, buscar caminos de solución a través del diálogo, son los caminos idóneos de la democracia. Hay demandas, algunas serán satisfechas otras no, habrá mesas de negociaciones, el camino de las paritarias es un ejemplo que fueron negadas en épocas autoritarias y tienen que estar instaladas en épocas democráticas y así en todos los ámbitos de la vida. Justamente la única forma de actuar en un paz absoluta, es la de los cementerios en donde no se habla, no se discute, están todos muertos. Cuando hay vida, hay debate, hay intercambio, hay opiniones, hay que saber escuchar al otro, tener mesa de negociaciones, recibir los planteaos pero nunca la respuesta puede ser que desde un sector como es el gobierno o el estado haya una respuesta violenta, represiva frente a cualquier demanda que se pueda plantear.

Creo que justamente ese espacio de creatividad es parte de la gran política. Realmente la política es una ciencia enormemente difícil porque es el arte de la negociación, es ser una suerte de arquitecto social que lleve a la resolución de los conflictos con los menores costos posibles y con la menor confrontación posible y ahí está la calidad del estadista frente al que por demagogia actúa en lo inmediato sin tener proyectos de largo alcance y que hagan a una política de estado que consolide sólidamente una construcción democrática. Insisto, la negociación, el diálogo, es el camino idóneo. Nunca la represión.