Las huellas dactilares encontradas en el domicilio de la familia Salazar no pertenecen a la de los dos únicos imputados que tiene la causa y que hace más de una semana recuperaron la libertad, pese a que seguirán vinculados al hecho.

Según lo informado por fuentes consultadas por El Ancasti, el cotejo de los rastros digitales realizados a los imputados Juan Domingo "Cachilo" Silva y Hernán Amaya no coincide con el levantado por los peritos de la División Criminalística, y cuyos resultados se conocieron en los últimos días.

El penalista Víctor García, defensor de Silva, aseguró que ese elemento y otros resultados incorporados al expediente fueron determinantes para solicitar la excarcelación de su cliente.

"Todos los resultados de las huellas dieron negativos. Además, en la inspección corporal uno de los integrantes de la familia Salazar que había reconocido a Silva había señalado que no tenía cicatrices en el rostro. Cuando en realidad sí es así".

En ese sentido, García recordó que su defendido había sido reconocido parcialmente en la rueda de personas, ya que de las tres víctimas solamente uno ubicó a "Cachilo" en la casa de los Salazar. Otro dijo que no era y un restante señaló que era parecido.

En la edición del domingo de EL Ancasti, Guillermo Salazar había asegurado que el médico de la Policía había demorado 16 días en examinarlos.

Sin embargo, según confirmaron fuentes ligadas a la investigación, en el expediente consta que al momento de hacer la denuncia penal, los afectados se negaron a ser examinados por el médico legista. Idéntica situación se dio en otras dos oportunidades que fueron buscados en el domicilio para que se realice el examen corporal.

Esta circunstancia habría impedido que los investigadores acrediten la existencia de rastros de quemaduras provocadas por las "picaneadas", según trascendió el día del asalto.

Excarcelados

Silva y Amaya fueron excarcelados el viernes 6 de septiembre tras el pedido realizado por sus abogados defensores, ante la falta de pruebas contundentes que comprometieran la situación de ambos. La fiscalía había aceptado la solicitud y les fijó para cada uno el cumplimiento de una caución personal de $60.000.

No obstante, ambos seguirán vinculados a la causa.