La nueva empresa estatal de aguas y cloacas (Aysam) ya tiene la ley que le permitirá acceder a créditos por 160 millones de dólares de organismos multilaterales de crédito para financiar las obras urgentes durante los próximos cinco años, con las que se espera empezar a recuperar niveles de prestación de servicio aceptables, pero aún no óptimas.

El acuerdo entre justicialismo y radicales se sostuvo en el Senado y así se logró la sanción definitiva de la norma, cumpliendo además con la condición constitucional de aprobar los endeudamientos con los dos tercios de los votos. El único bloque que no apoyó la iniciativa fue el demócrata.

Más allá de las críticas que expresó el radicalismo, se mantuvo la voluntad de allanar el camino a los trabajos que permitirán paliar la crisis hídrica que padece Mendoza.

Así el hombre entendido en obras públicas del bloque de senadores radicales, Mario Salomone, sostuvo que estos 160 millones de dólares son sólo para Aysam, por lo que no habrá un plan de obras para cubrir las necesidades de las prestadoras del servicio municipales y comunitarias que aún sobreviven en el interior de la provincia.

Más allá de esto, el radicalismo levantó las manos para aprobar el proyecto remitido por el Ejecutivo y que fuera modificado por Diputados la semana pasada, modificaciones que respondieron a la negociación que protagonizaron PJ y UCR.

Originalmente, el Ejecutivo había solicitado 227 millones de dólares para cubrir las obras de la primera etapa del plan estratégico diseñado por la conducción de Aysam. En ese plan estaban previstas obras de corto, mediano y largo plazo (5, 10 y 20 años respectivamente). De esas tres etapas, el Gobierno había optado por avanzar en las obras previstas para los primeros cinco años y dejar el resto a la decisión de futuros gobiernos.

Así es que, de los U$S 227 millones originales, las negociaciones en Diputados obligaron al recorte. Primero fue el peronista federal Roberto Blanco, quien bajó el monto del endeudamiento a 180 millones de dólares. Luego, las conversaciones con los radicales volvieron a recortar el monto a U$S 160 millones.

Este recorte implicó, según Salomone, bajar 20 y 25 millones destinados a financiar obras en las redes de los operadores municipales y comunitarios respectivamente, por lo que "esas empresas deberán financiar los trabajos o incrementando las tarifas, cosa que el EPAS les prohíbe, o aumentando las cuotas societarias".

Luego recordó que el radicalismo había ofrecido al PJ la opción de usar recursos provenientes de la renegociación de contratos de las áreas petroleras, para cubrir los 180 millones de dólares, propuesta que el propio gobernador Celso Jaque desestimó.

Al respecto, el senador Vicente Russo (PJ) respondió que la decisión del Gobierno fue financiar las obras de Aysam con los recursos provenientes del endeudamiento autorizado y dejar en manos del Ejecutivo la relación con los operadores municipales y comunitarios, ayudándolos con recursos del presupuesto.

La curiosidad fue que, en el tratamiento en particular (artículo por artículo) el senador radical Juan Carlos Jaliff solicitó y obtuvo la reconsideración del artículo 5 de la ley, para que quedara constancia de que ese apartado había conseguido los dos tercios de los votos que la Constitución provincial prescribe que debe tener cualquier autorización a tomar créditos.

Fue un artilugio para demostrar lo cambiantes que son los criterios para las votaciones, puesto que en la sanción del Presupuesto 2011, el oficialismo no quiso reconsiderar la votación, justamente porque no tenía el número de votos requeridos por la Carta Magna provincial.