El jueves pasado visitaron Corone Suárez los candidatos a gobernador y vice de la Coalición Cívica, los diputados Juan Carlos Moran y Elsa ‘Tata’ Quiroz, quien fueron recibidos en la sede que la fuerza política tiene sobre calle Mitre por los candidatos locales y un grupo de simpatizantes, todos ellos encabezados por Alberto Fernández, candidato a intendente, María Antonia Urruti, candidata al Concejo Deliberante en primer término y por Juan José Etchegaray, candidato a senador provincial.

Los candidatos, en una prolongada conferencia de prensa, cargaron fuertemente contra la corrupción enquistada en el modelo kirchnerista de gobierno, acusaron a los funcionarios de ser los responsables de los controles que no se hicieron en el caso de las viviendas de “Sueños Compartidos”, el plan que impulsaban las “Madres de Plaza de Mayo que dirige Hebe de Bonafini y resaltaron que en las últimas elecciones de Capital y Santa Fe un 80% del electorado le dijo “no” al kirchnerismo, a la corrupción y a una forma de gobierno marcada por el amiguismo, la disciplina mediante la ‘billetera’ y al permanente ataque y acoso contra quien no piensa igual al gobierno. Destacaron, por otra parte, el trabajo y los aportes para el programa partidario de gobierno del candidato a senador provincial, el suarense José Etchegaray.

Falta de controles

Los candidatos provinciales a gobernador y vicegobernador destacaron en todo momento de la conferencia que para la Coalición Cívica gobernar significa priorizar la decencia, la honestidad, permitir que controles externos semestrales con participación de la comunidad revisen las cuentas, los documentos, auditen que es lo que está pasando con cada una de las áreas y que se convoque a los mejores y quienes hayan dado sobradas muestras de capacidad y probidad.

Fueron presentados por el candidato a intendente, Alberto Fernández, quien destacó la trayectoria de ambos legisladores y resaltó que la diputada Quiroz es una las denunciantes de los manejos espurios que los hermanos Schoklender realizaban con los fondos de las viviendas que debía construir la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, habiendo presentado la denuncia casi un año antes que el escándalo tomase estado público.

Morán y Quiroz destacaron el trabajo del grupo de gente que conforma el partido a nivel local, poniendo de manifiesto su satisfacción por la participación y compromiso y por realimentar e impulsar la militancia partidaria.

La ronda de preguntas se inició con el caso Schoklender, ya que la candidata a vicegobernadora fue una de las denunciantes del caso. Manifestó Quiroz que en junio de 2010 denunció irregularidades en ciertas operaciones inmobiliarias realizadas por los Schoklender, ya que entendió que podía inscribirse dentro del delito de lavado de dinero. La denuncia se radicó en la UIF (Unidad de Investigación Financiera), pero resaltó que “no hubo suficiente voluntad de investigar, en una semana podrían haber tenido todos los datos, a nosotros nos llevó unos pocos días”. “Lo que Sbatella (a cargo de la UIF) tenía que hacer era corroborar algunos datos y enviar la información inmediatamente al fiscal antilavado. Evidentemente, tal como declaré ante el juez que lo investiga por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público, Sbatella decidió mirar para el costado y no tuvo la decisión política necesaria para hacer lo que le correspondía”, advirtió.

Elsa «Tata» Quiroz resaltó que lo verdaderamente importante en el caso Sergio Schoklender es la falta de control del Estado de los fondos públicos que manejaba la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Tras ello cuestionó a los organismos de derechos humanos que fueron cooptados por este Gobierno.

“Lo que nos interesa sobre todo es que se establezcan todas las responsabilidades, desde el Ministerio de Infraestructura de la Nación hasta quienes colocaron el último picaporte de la última casa”, aseveró, indicando que “no es cierto, como se pretendió decir desde el Gobierno, que fueran los municipios quienes tenían que controlar: hay dos reglamentaciones que establecen específicamente quien, cuando y como deben hacer control de estas construcciones de viviendas y nuevamente el Gobierno recurre al conocido “manual kirchnerista”, de pretender desprenderse de esta situación”.

“No puedo creer que ellos no supieran lo que estaba pasando”, enfatizó Quiroz, reflexionando que era una cuestión que se comentaba desde hacía mucho tiempo y que era vox populi que había empresas que se conformaban a nombre de dos personas y a los pocos días las acciones pasaban a otras manos para evadir controles. “Información no faltaba. Es más, tenían información de primera mano. Pero decidieron no hacer nada”, destacó la candidata a vicegobernadora.

Un escándalo

“Sólo después de producido el escándalo, que no fue por esta denuncia que hicimos nosotros, sino por el conflicto interno en la Fundación, por la pelea entre los hermanos Schoklender, esto llega a la Justicia”, anotició Quiroz, agregando: “es más, ahora se sabe que antes de nuestra denuncia ya se sabía de las deudas de aportes y sueldos”.

Admitió que la mayor responsabilidad está en no haber cumplido con los protocolos de control en la administración y la gestión de los fondos públicos y que eso es totalmente achacable a los funcionarios nacionales. “Un ciudadano como Sergio Schoklender no tiene por qué rendir cuentas ante nadie sobre el manejo de los fondos públicos, sino que es el Gobierno quien tiene delegada esa responsabilidad” señaló, pero advirtió que “yo dejo que la justicia investigue a Schoklender, pero les pido rendición de cuentas a los funcionarios públicos”.

Manifestó estar alerta y sentirse gratificada que luego de mucho tiempo algunas investigaciones vayan avanzando. “Sé que antes de irse de vacaciones Oyarbide tomó algunas medidas” informó y concluyó que “lo que puedo decir es que si esto termina en que hay una sola persona juzgada, y eventualmente condenada, y queda deslindada la responsabilidad del Gobierno, los argentinos no habremos aprendido absolutamente nada”.

Un aparato de corrupción

SI bien la exposición fue más larga y compleja, lo fundamental es lo transcripto en esta nota; pero más allá de lo puntual, Juan Carlos Moran reforzó los conceptos de Quiroz enmarcándolos en la línea política que desde siempre impulsa la Coalición Cívica de lucha contra la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos.

“Hay muchos Schoklender, hay instalado en este gobierno un aparato de corrupción”, sentenció, citando como ejemplo que “el 92% de la obra pública de la provincia de Santa Cruz la realizan empresas del empresario Lázaro Baez, amigo de los Kirchner, por eso, que se destape un caso de corrupción no nos puede sorprender porque este gobierno está lleno de estas cosas y siempre los que denunciamos y ponemos la cara somos los legisladores de la Coalición Cívica”.

Morán admitió que el mismo sistema de contrataciones se da con los planes de vivienda que impulsa el gobierno direccionando a qué empresas hay que adjudicarle las obras, “con lo cual se garantizan el precio de la construcción más el retorno”.

“Si hubiese transparencia y gestión, se podrían haber hecho 100.000 casas más”, sentenció, ejemplificando que “si en Coronel Suárez se hubiera actuado con honestidad estarían con 150 viviendas más que las que se levantaron”.

Refirió que la lucha de los diputados de la Coalición sigue siendo controlar y que en una segunda etapa será “gobernar con transparencia para que los recursos lleguen a la gente, que en muchas ocasiones se traduce en denuncias cuando tenemos presunción que se ha cometido un delito y donde siempre los legisladores de nuestro partido son los únicos que no escatiman en poner la firma y el cuerpo para promover investigaciones en busca de la transparencia, sepan que desde la Coalición hace tiempo nos venimos preparando para gobernar”.

“Este es el mensaje que estamos llevando a la gente, que se puede pensar en un país sin corrupción, una gestión de Gobierno con honestidad y transparencia”, señaló finalmente.