Una polémica contratación directa por casi 37 millones de pesos para los hospitales de Córdoba y el interior quedó en la mira de la oposición. Primero, el trámite fue rechazado por el Frente Cívico en el Tribunal de Cuentas, aunque terminó prosperando con los votos del oficialismo. Ahora, la UCR presentó un proyecto para que el ministro de Salud, Carlos Simon, concurra a la Legislatura para explicar por qué no hubo licitación pública ni concurso de precios para adjudicarles a seis empresas la provisión de raciones de comida a hospitales por 90 días.

Eduardo Yuni, jefe del bloque de la UCR, señaló en los fundamentos del proyecto: “Aunque para efectuar dicha contratación directa se alegó urgencia y la necesidad de evitar el proceso normal de licitación para no dejar a los hospitales sin este servicio por un tiempo prolongado, lo cierto es que el acto administrativo no acredita las razones que específicamente fundamenten la omisión del procedimiento legal previsto para la selección de contratistas ni explica los motivos de la imprevisión del Ministerio competente, pues la prestación de ese servicio no configura ni una situacón imprevista ni extraordinaria sino, por el contrario, una tarea cotidiana y normal en la atención pública asistencial”.

Es decir, el radicalismo sostiene -como lo planteó el vocal del Frente Cívico en el Tribunal de Cuentas, José Medina- que no existía una urgencia real que justificara una contratación directa. Para la oposición, el gobierno dejó correr el tiempo de manera negligente y, sobre el límite, decidió evitar la licitación y el concurso de precios. Así, seleccionó a seis empresas -Catering SRL, General de Abastecimiento SA, Nutrición Profesional SRL, Aliser Gastronomía SA, Servicios de Alimentos SA y Fly Kitchen SA- para proveer de raciones de comida a los hospitales por un total de 36.819.858 pesos. El alcance es por 90 días, aunque puede prorrogarse.

Para el Hospital de Río Cuarto está previsto un presupuesto de casi 1.500.000 pesos.

Sin controles legales

La oposición cuestiona, fundamentalmente, que no se siguieron los pasos establecidos por ley para las contrataciones en el Estado. “En razón de la elusión de los controles legales de esa contratación y la inexistencia de argumentos aceptables que justifiquen la selección de las mencionadas empresas sin licitación y por montos millonarios, se requiere de las autoridades responsables que brinden información clara y precisa sobre esta cuestión y sobre los motivos de la inconcebible improvisación y de la irregular actuación de la Administración en la adopción de los recaudos que eran necesarios para la provisión de los servicios de acuerdo a la reglamentación vigente”, planteó Yuni.

El legislador radical agregó que la cuestionada contratación directa se da en un contexto de crisis en los hospitales públicos, principalmente por la falta de insumos básicos y la deuda creciente con los proveedores. “Frente a una contratación improvisada, irregular y sin controles públicos, y la anarquía y deficitaria prestación asistencial debemos poner en debate la calidad y cantidad de los servicios de salud que se prestan en la Provincia, requiriendo de las autoridades que comparezcan a esta Legislatura”, reclamó Yuni.

El radicalismo además planteó que si no hay respuesta de parte de Simon, el bloque impulsará la conformación de una comisión investigadora para que examine la crisis del sistema de salud en toda su extensión.