También requirió la provisión de recursos suficientes que posibilite la aplicación de políticas, planes y programas por parte del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI) en las áreas de propiedad de la tierra y disponer de recursos para la efectiva prestación del servicio de educación en las zonas rurales que habitan las comunidades indígenas.

Horne planteó, además, la necesidad de crear unidades sanitarias en las comunidades indígenas que carezcan de tales servicios, adecuar las existentes, priorizar agentes sanitarios propios de la comunidad y afectar recursos especiales para la construcción de vivienda.

La legisladora refirió que la Ley 2287 tiene por objeto el tratamiento integral de la situación económica, jurídica y social, individual y colectiva de los pueblos indígenas, pero “las comunidades siguen postergadas; las políticas, planes y programas por una muy pobre cantidad de recursos que se disponen, no ha podido ejecutarse”.

Señaló que “tampoco se adjudican las tierras que están en su posesión actualmente conforme manda la normativa vigente” y observó que “prácticamente no se ha cumplido con las obligaciones detalladas en los capítulos relativos a la propiedad de las tierras, educación, trabajo, salud, vivienda y comunicación social”.

Finalmente, Horne destacó que se necesita contar con recursos que permitan la concreción de los derechos que se reclaman las comunidades indígenas y estimó que en el menor plazo posible debe conformarse un fondo para el desarrollo de los pueblos originarios, según lo estipulado en la normativa vigente.