Al cierre de esta edición, los concejales trataban el Presupuesto 2011, con un monto también histórico de 301 millones de pesos, aunque el tema quedó eclipsado por el del Impuesto a la Piedra.

Fue una noche histórica. El Concejo Deliberante aprobó un aumento del 50 por ciento en el denominado impuesto a la piedra, pero la suba sólo alcanza a las grandes mineras.

La suba fue acompañada por la mayoría del Concejo, incluida Carola Patané (PRO) y sólo el oficialismo y Julio Alem no acompañaron la decisión. En cambio sí apoyaron otras dos ordenanzas referidas a la misma temática que establece controles para el cálculo de dicho gravamen y el cruzamiento de los datos con la Provincia.

De esta manera, y según los cálculos estimativos, el Municipio podría recaudar casi unos 12 millones de pesos más de lo estimado para 2011 que son unos 25 millones de pesos.

También se aprobó una ordenanza que dispone nuevos controles para el cálculo de la tasa, dejando de lado la declaración jurada y optando por el relevamiento topográfico, facultando al Departamento Ejecutivo Municipal a ejercer dichos controles por sí o a través de terceros. La ordenanza no excluye la contratación de empresas idóneas en la materia que vayan calificando inspectores para que puedan hacer el mismo trabajo para el futuro.

Con el tema del cálculo de la tasa y con los controles hay toda una historia legislativa pero nunca se llegó a nada. Esta es la primera vez que, además de la decisión política de aplicarlos, se dispone toda la manera de instrumentarlo.

El tema surgió a mitad de año cuando el concejal Gustavo Alvarez (PI) propuso la creación de una comisión investigadora para el impuesto a la piedra. Trabajó durante seis meses y de ella salieron tres proyectos de ordenanza, una estipula los controles, la segunda faculta al Ejecutivo para establecer convenios con la Provincia a los fines de cruzar los datos, y una tercera que dispone un incremento en la tasa del 50%, esto es, se la lleva de un 2 a un 3 por ciento.

Con las dos primeras normas aprobadas ayer en la sesión preparatoria no hubo ningún problema, y tanto es así que fueron acompañadas por todas las bancadas.

El debate estuvo radicado en el aumento de la alícuota. Y la mayor discusión se dio con una propuesta del bloque de la Coalición Cívica que fue cuestionada desde la técnica legislativa pero también desde la misma naturaleza de la legislación. Efectivamente, el claderismo propuso incluir un dudoso artículo que movilizó aún más a la sesión. Gonzalo Dolagaray (CC) propuso agregar un articulado por el que su bloque condicionaba su voto a que la Secretaría Legal y Técnica avalara luego la legalidad del aumento.

Con lo cual, y como graficó luego Alem, fue como institucionalizar la duda dentro de la norma que podría poner en tela de juicio hasta la misma tasa. Obviamente, para la CC esto les pareció una exageración, pero igualmente quedó la sensación que el claderismo no fijaba una posición terminante sobre el tema y delegaba la última palabra en el Ejecutivo.

Para Alvarez, esto fue algo así como subalternizar el rol del Cuerpo al quitarle de alguna manera la potestad de legislar. La idea de la CC fue calificada de "tibia" pero los ediles de este bloque la defendieron bajo el concepto de que el Estado es uno solo, que la misma consulta a Legales era parte del trabajo de éste, pero igual quedó confusa. Al final, el artículo fue rechazado por la mayoría y la ordenanza quedó aprobada con el aumento de la alícuota y el artículo que le agregaron a propuesta de Unión Celeste y Blanco por el que se destinará el 33 % de la recaudación por impuesto a la piedra a las localidades serranas y por medio de un cociente que tiene en cuenta la densidad poblacional. Esto no fue acompañado por Ignacio Aramburu porque a su juicio relegaba a las demás localidades del partido solo por no tener sierras, pero sí el concejal del Peronismo Federal aprobó el aumento junto con la mayoría del Cuerpo.

La base estuvo

La base de todo el debate la dio Gustavo Alvarez, quien fue muy reconocido por ponerse la comisión investigadora al hombro, y pese a "los retaceos de información", según acusó al Ejecutivo, llevó la investigación hasta puntos inesperados. Fiel a su estilo, enumeró absoluta precisión todos los antecedentes normativos e históricos del gravamen, y relativizó el caso de Tandil de 2008 por el que el oficialismo justificó su posición en contra del aumento. Claramente, Julio Frías (Frente para la Victoria) instó a reflexionar sobre varias cosas que podrían ser consecuencia del aumento. Que las empresas judicialicen el caso y que la Justicia demore en fallar unos cuatro años como pasó en Tandil, quitándole unos 100 millones de pesos de recaudación al Municipio.

Concretamente, nadie puede predecir qué van a hacer las mineras, por lo que ante este dilema cobró fuerza la decisión política de aumentar la alícuota y arriesgarse o dejar todo como estaba. Por lo tanto, había que decidir por sí o por no, y ganó el sí al aumento.