Una vez más (y van…) durante el receso de verano comienza una novela protagonizada por los docentes y los gobiernos nacionales y provinciales en la que las amenazas de no iniciar las clases y la falta de recursos para afrontar los aumentos de sueldos constituyen la trama principal. Cada uno de los protagonistas de este conflicto defiende su posición y sus ideas pero esta situación también genera incertidumbre entre padres y alumnos, que no saben a ciencia cierta quién tiene razón y por momentos muestran fastidio ante tantas idas y venidas.

La diferencia de más de 13 puntos entre el 30,3 por ciento de aumento del salario mínimo que reclaman los cinco gremios docentes nacionales (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina –Ctera-, Unión de Docentes Argentinos –UDA- Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica –Amet-, Sindicato Argentino de Docentes Privados –Sadop- y Confederación de Educadores Argentinos –CEA-) y el 17 por ciento ofrecido el miércoles pasado por el ministro de Educación, Alberto Sileoni, generó un estado de alerta entre los gobernadores y los sindicatos de maestros del interior, que son conscientes de que una extensión de la discusión en el Palacio Pizzurno complicará luego las negociaciones en las provincias, con la amenaza de medidas de fuerza como preocupante telón de fondo.

En ese contexto, el viernes 15 de este mes es considerada como una fecha límite para arribar a un entendimiento debido a que luego quedarían escasos días hábiles antes del inicio del nuevo ciclo lectivo dispuesto por la cartera educativa nacional.

Ctera negocia

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) tiene la representación de las 23 jurisdicciones del país más la Capital Federal y es la entidad madre a la cual pertenece el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) y la que negocia en paritarias con el Gobierno nacional.

En enero de 2013, Ctera mantuvo una primera reunión durante la cual pidió elevar el salario inicial del cargo testigo a 3.650 pesos (un 30 por ciento de aumento respecto del actual, que es de 2.800 pesos) con vigencia a partir del 1º de enero, cabe recordar que ese piso se fija para que los docentes de todo el país tengan asegurado el mismo salario mínimo y a partir de allí los educadores de cada provincia deberán negociar con su correspondiente administración un incremento determinado.

Otros puntos tratados durante la reunión fueron la rectificación del decreto de asignaciones familiares, para que todos los docentes puedan acceder al cobro de este beneficio, la posibilidad de rubricar un acuerdo marco de formación permanente en servicio, un régimen laboral unificado para los docentes que trabajan en programas nacionales que se ejecutan en las provincias y una reforma de la ley de impuesto a las Ganancias que contemple elevar el mínimo no imponible y modificar la escala de alícuotas.

Con respecto a este último punto la presidenta Cristina Kirchner anunció la modificación del piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias en un 20 por ciento. De modo tal que el nuevo piso quedó establecido en 8.360 pesos para los trabajadores sin cargas de familia y 11.563 pesos para aquellos que tengan cargas de familia.

Ese anuncio se hará efectivo el 1º de marzo pero, al tratarse de un impuesto anual, tiene aplicación en forma retroactiva al 1º de enero.

“Si bien esto significa una medida coyuntural positiva, ya que desgrava los salarios medios y altos, aún no alcanza a ser satisfactoria. Es necesario resolver el problema de fondo, para lo cual deberá reformarse la ley y transformarla en una ley de impuestos a los altos ingresos que baje las primeras alícuotas y agregue dos alícuotas más altas a las actuales, además de eliminar las exenciones injustificadas. También se deberá ampliar la base imponible y gravar las transacciones financieras. Este continuará siendo nuestro reclamo junto a la Central de Trabajadores Argentinos -CTA-, en el marco de la necesidad de una reforma integral del sistema tributario que lo haga más progresivo y que permita al Estado recaudar más y mejor pero no a costa de los salarios, que de ninguna manera hoy pueden considerarse altos”, indicaron a través de un comunicado de prensa los referentes de la Ctera local.

Diana Naranjo

“Para el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires 2013 ha comenzado con mucho trabajo, ya que el año anterior quedaron algunas situaciones sin cerrar como por ejemplo la deuda que el Gobierno provincial mantiene con algunos docentes que no han cobrado las suplencias realizadas en algunos casos desde agosto de 2012 y los problemas de infraestructura que también esperan ser resueltos”, indicó Diana Naranjo, titular del Suteba.

“Rescatamos como positivo que las negociaciones paritarias hayan comenzado el 14 de enero, lo cual brinda la posibilidad de discutir los temas con mayor tranquilidad, en un primer encuentro el Suteba, junto a los otros cuatro gremios que conforman el Frente Gremial Docente Bonaerense, presentaron al Gobierno provincial una agenda de trabajo que contiene el pedido de aumentos de salarios, el blanqueo de sumas no remunerativas para que se beneficien los jubilados, la incorporación de sumas que están por fuera del salario básico para que se beneficien los docentes con mayor jerarquía, con más antigüedad y los rurales, el pago de una deuda por parte del Ioma y que se regularice la situación de los docentes que aún no cobraron. Además se pide la devolución de los descuentos de los días de paro, la resolución del tema del impuesto a las Ganancias (aunque este tema pertenece al ámbito nacional) y que se resuelvan las falencias que existen en la infraestructura escolar”, continuó diciendo Naranjo.

“Se realizaron nuevos encuentros de paritarias y el 21 de enero se reunió la Comisión de Condiciones Laborales, el 22 enero la Comisión de Salud Laboral y el 23 enero la Comisión Técnica Salarial. Durante esas reuniones se demandaron acciones del Estado para solucionar las necesidades que atraviesan hoy los trabajadores de la Educación, aunque no se lograron avances significativos por lo que se estableció como próxima fecha de reunión el 8 de febrero, cuando esperamos una propuesta salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los docentes”, finalizó.

Posición de la UEB

La secretaria general de la Unión de Educadores Bonaerenses (UEB) local, Gladys Santoro, en diálogo con LA OPINION dejó en claro la posición de uno de los sectores más importantes de los que participan de la negociación.

“Comenzamos un nuevo año protagonizando una de las luchas salariales más intensas y complejas de los últimos tiempos, algo que consideramos histórico. El Estado dilata hasta las últimas consecuencias las reuniones paritarias y siempre hemos sostenido desde la Federación que no es posible hablar de educación de calidad si los docentes no cuentan con salarios que les permitan vivir con dignidad”, indicó la titular local de la UEB.

“Con gran alborozo se anuncia desde el Estado nacional el incremento del mínimo no imponible para la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. La suba del veinte por ciento queda totalmente desactualizada ante el aumento del costo de vida. Tampoco hubo anuncios sobre la universalización de las asignaciones familiares” añadió.

La sindicalista consideró que “la Provincia debe cumplir y resolver una serie de situaciones muy importantes; debe pagar la deuda que tiene con los docentes; reconocer el pago de las siete horas de trabajo de los cargos jerárquicos a partir de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD) y cubrir cargo e infraestructura, entre otras cosas.

“Manuel Belgrano, uno de nuestros próceres más significativos, donó la suma de cuarenta mil pesos oro para escuelas, el Triunvirato y otros gobiernos los destinaron a distintos fines y las escuelas no se construyeron. Su pensamiento quedó explícito en un moderno reglamento para las escuelas que en su artículo 1° decía: ‘El maestro de escuela debe ser bien remunerado por ser su tarea de las más importantes de las que se pueda ejercer’.

“Me pregunto ¿la educación es una cuestión de Estado? Como docente afirmo que la actividad laboral docente ha trascendido su quehacer y hoy reviste múltiples funciones como consecuencia de las imposiciones políticas del Estado y una demanda más amplia de la sociedad”, remarcó.

Por último, Santoro indicó que “como secretaria general de la Unión de Educadores Bonaerenses me atrevo a expresar que los docentes, en su gran mayoría, tienen vocación, cuando ésta disminuya, los niños, las familias y las aulas se preguntarán: ¿Dónde están los docentes?”

González y Sadop

“El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) junto con los otros sindicatos docentes rechazamos la oferta salarial del Gobierno nacional, ‘las respuestas estuvieron muy por debajo de nuestras expectativas’. Se espera del Gobierno una respuesta superadora en las negociaciones que se retomarán la semana próxima”, comenzó diciendo Graciela González, titular del Sadop delegación Pergamino.

“A nivel provincial hemos participado de las comisiones técnicas Laboral, de Salud y Salarial. El Sadop, en el marco del Frente Gremial Docente Bonaerense, dejó asentados en estas comisiones sus reclamos y temas de agenda: extensión de licencia por maternidad y paternidad, acompañamiento parental ante enfermedades crónicas de niños y adolescentes, circuito administrativo de jubilaciones por incapacidad, rever licencias por enfermedades crónicas y asignaciones familiares, entre otros”, añadió.

“El Sindicato Argentino de Docentes Privados considera inequitativo que los dueños de los colegios estén exentos del pago del impuesto a las Ganancias mientras que los docentes privados están obligados a tributarlo”, enfatizó González.

Por último, la máxima autoridad del Sadop indicó que “ante lo expuesto reafirmamos nuestra posición de diálogo y negociación y quedamos a la espera de avances favorables en las próximas reuniones. Como lucha propia del sector seguimos trabajando para la firma de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, única herramienta que mejorará las condiciones laborales y el ambiente de trabajo del docente privado”.

Algunos padres están a favor y otros en contra

Al conocerse el conflicto entre los educadores y el Gobierno, entre otras cosas por los salarios, algunos padres mostraron su apoyo ante los reclamos pero varios de ellos hicieron conocer su disconformidad por la posibilidad del inicio de clases, previsto para el 25 de este mes, se vea postergado por una probable medida de fuerza.

A raíz de presiones económicas y desencuentros políticos se han demorado las soluciones racionales de los principales problemas del sector educativo en los últimos años.

Cabe recordar que durante 2012 la actividad escolar en la provincia de Buenos Aires se ha visto afectada por causas diversas. Los numerosos “recesos forzados” a los que se vieron obligados los alumnos y sus familias, principalmente por días de huelga- crearon una situación compleja en la que gravitan, como es frecuente, los problemas salariales. Como consecuencia, las estadísticas aseguran que en promedio de cada once días de clases, un día se perdió como consecuencia de estos conflictos. La situación que enfrenta el Gobierno bonaerense es difícil. Es el distrito con mayor población escolar (4,7 millones de alumnos), repartidos en 17.000 establecimientos de enseñanza en los tres niveles y con un presupuesto educativo de 45.000 millones de pesos. La Provincia se ha visto ante la emergencia de reducir obligaciones en medio de una tensa situación que enfrenta al gobierno de La Plata con el nacional.

Se aleja así la nueva meta de 190 días de clases anuales que pretenden desde el Ministerio de Educación para el próximo ciclo lectivo.

Principales puntos

La agenda paritaria presentó los siguientes puntos: elevar el salario inicial del cargo testigo (maestro de grado) a 3.650 pesos; establecer la vigencia del acuerdo salarial desde el 1º de enero; necesidad perentoria de reformar la ley de impuesto a las Ganancias para elevar el mínimo no imponible y modificar la escala de las alícuotas, de modo tal que los salarios medios no se vean alcanzados por ese tributo; rectificación del decreto de asignaciones familiares para que ningún docente quede excluido de su cobro; rubricar un acuerdo marco de prevención de la salud laboral docente y un acuerdo marco de formación permanente en servicio y régimen laboral unificado para los docentes que trabajan en los programas nacionales que se ejecutan en las provincias. Sobre estos tres últimos puntos ya se encuentran trabajando las respectivas comisiones técnicas.