Durante la gestión de Juan Carlos Romero, las principales estructuras del Estado desaparecieron. Se reestructuró la administración pública y provocó el mayor despido.
En medio de una campaña de denuncias cruzadas entre el senador y el actual gobernador, recordar algunos hechos es un buen negocio. “El ex gobernador y actual senador por Salta, Juan Carlos Romero, tiene una fortuna personal, que algunas fuentes estiman en 3.000 millones de dólares, es inseparable de la sistemática devastación de los bosques nativos en aras de la extensión de los cultivos de soja transgénica y, en menor medida, de la ganadería. En su defensa suele susurrarse que más tiene que ver en la actualidad con su opulencia que los operadores de los dos gasoductos a Chile construidos durante su gobierno, pagan regalías de acuerdo a simples declaraciones juradas, tal como permite la laxa Constitución de 1994”, aseguraba el periodista porteño Luis Salinas, en una nota publicada en 2010 en el diario Miradas al Sur.
El artículo de Luis Salinas sirve de puntapié inicial para hacer un “raconto” breve de los aspectos más polémicos y llamativos de la gestión de Juan Carlos Romero, tanto al frente del gobierno de la Provincia, como en su tarea en el Senado de la Nación. En las últimas semanas los medios de la provincia daban cuenta que desde 2006 hasta el 2012 se efectuaron en los juzgados salteños 706 denuncias por corrupción, en causas que contemplan distintos delitos contra la administración pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, y peculado.
Es tarea de la Justicia investigarlos, pero el paso del tiempo pasó al olvido muchas de las acciones y denuncias que se efectuaron contra la administración de Juan Carlos Romero Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, Romero era titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. Desde ese lugar el senador monitoreó y controló la venta de todos los activos del Estado, que causó daños irreparables al patrimonio nacional, pero hubo una medida que castigó duramente a la provincia: la privatización de la YPF estatal, que convirtió en poco tiempo a las norteñas ciudades de Tartagal y General Mosconi en poblaciones marcadas por la pobreza y los conflictos sociales; empujando a miles a recurrir al contrabando y el narcotráfico para subsistir.
Todo esto coincidente con la degradación económica del Norte, la alta concentración de tierras en pocas manos y el incremento meteórico del narcotráfico, el tráfico de personas y la violencia mafiosa. Recordemos que Juan Carlos Romero fue senador Nacional por Salta, de 1987 a 1995, Gobernador de la provincia de Salta, por tres períodos consecutivos, de 1995 a 2007; y reelecto Senador Nacional por el período 2007 - 2013.
En 1995 asume Romero como gobernador de la provincia por primera vez y su primera medida fue declarar “prescindibles” a 5.000 empleados públicos, un eufemismo que generó “excedentes” que aún hoy siguen peregrinando por subsistir y cobrar las deudas que mantiene el Estado.
Coincidente con la gestión privatista del Menemismo, vendió la Dirección Provincial de Energía, entregándosela al Exxel Group, de Juan Navarro; le habría traspasado el Banco Provincial a Jorge Brito, del Banco Macro, a cambio de unos 70 mil dólares; mientras que a AGAS, Administración General de Aguas de Salta a un grupo que la rebautizó Aguas de Salta y que finalmente quebró, dejó a la provincia sin la infraestructura necesaria para abastecer de agua potable a la población, descuidó el dragado y encausamiento de los ríos, y dejó librado al azar el riego de los campos de cultivos, algo fundamental para una provincia con recursos hídricos limitados en grandes zonas de su geografía.
Un dato a tener en cuenta, dentro del grupo adquirente habría estado el constructor Gualtieri, quien fuera conocido en los medios nacionales como “el Yabrán de Duhalde”, protagonista a principios del 2000 de la sonada estafa del dique Itiyuro II, que costó unos 60 millones de dólares a la provincia y nunca se terminó.
También se debe a la gestión de Romero la reducción a su mínima expresión a Vialidad provincial, liquidó la Dirección de Arquitectura, cerró el Banco de Préstamos y entregó a privados el casino y la lotería. En el 2003 reformó la Constitución Provincial para habilitar su nuevo mandato. Nuevamente en el gobierno habría mirado para un costado frente a la tala de casi todas las selvas y bosques nativos, lo que redundó en pavorosas inundaciones y aludes de barro como los que arrasaron Tartagal en diciembre de 2005 y febrero de 2009.
Cuando Romero fue nombrado gobernador, Salta tenía un tercio de territorio selvático, hoy casi no tiene bosques nativos. Según datos oficiales, entre 1998 y 2002 se deforestaron 194.389 hectáreas, y entre 2002 y 2006 esa superficie se superó ampliamente alcanzando las 414.934 hectáreas.
Durante su último año de gestión y mientras la Ley de Bosques se discutía en el Congreso, Romero autorizó el desmonte en un solo año de 478.204 hectáreas, la más grande registrada en la historia del país. Entre 2004 y 2007, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a 211 audiencias públicas, de las cuales 195 correspondieron a proyectos de desmonte. De esos 195 pedidos fueron aprobados 191; dos no llegaron a serlo por falta de tiempo para elaborar un dictamen y otros dos quedaron postergados para ser tratados al año siguiente.
Un dato más en este tema es que antes de ser Diputado Nacional, Alfredo Olmedo, fue senador por Anta, en esa función fue autor del proyecto de “ley de ordenamiento territorial” que contemplaba seguir desmontando en la provincia cerca de cinco millones de hectáreas. Otro aspecto saliente fue el manejo de las tierras fiscales, durante sus mandatos se entregaron un total de 320.000 hectáreas de tierras estatales.
La advertencia de la Auditoría
En el año 2007 la Auditoría General de la Provincia detectó una serie de irregularidades en el área de la Secretaría de Prensa y formuló una serie de recomendaciones para que se normalizara la situación de la Secretaría ante numerosas denuncias.
La Auditoría General de la Provincia publicó un Informe de Auditoría de Gestión y Legalidad practicado en la Secretaría de Prensa y Difusión, correspondiente al ejercicio 2005. Dicha auditoría tenía por finalidad verificar el cumplimiento de las normas vigentes que regulan la actividad del organismo.
Principalmente, la contratación de la publicidad oficial. La auditoría practicada permitió detectar una serie de irregularidades. Las mismas fueron resaltadas en un artículo del Nuevo Diario de fecha 25 de febrero del 2008, titulado: "Romero Distribuyó a su antojo la Pauta Publicitaria Oficial"; allí, el Nuevo Diario realizó un resumen de cada una de las observaciones practicadas por la Auditoría General de la Provincia.
Entre las principales irregularidades detectadas en aquel entonces se destaca que la Secretaría de Prensa había incumplido con las normas impuestas (por la ley 6838) para las contrataciones directas y se había detectado que existían en la Secretaría de Prensa expedientes que superaban los 200 folios debido a la gran cantidad de órdenes de publicidad adjuntadas sin resoluciones de conclusión de las actuaciones.
Escándalos muy públicos
Sin dudas una de las denuncias más publicitadas fue la del uso de un helicóptero del 911 para ir a una expedición de pesca en el Río Bermejo. La denuncia la efectuó el ex diputado provincial Carlos Morello, a finales del 2012. En una conferencia de prensa Morello mostró una serie de fotografías en las que se veía al entonces gobernador Romero, disfrutando de un viaje de pesca en el norte provincial, junto a un helicóptero del 911 que lo había trasladado.
El ex diputado Morello detallaba el número de serie y de matrícula de la aeronave que no estaba cumpliendo con las funciones sociales que tenía. En una de las fotografías expuestas a la prensa, se ve el helicóptero y en la puerta el logo del 911, una fotografía donde está Romero con sombrero, vistiendo ropa de pesca y otras personas más. Según quedó establecido, el registro corresponde a los días 5, 6 y 7 de julio del 2007, o sea, una excursión de pesca de 3 días.
El caso La Ciénaga
El caso de la supuesta compra de 90 hectáreas en forma irregular en la zona de la Ciénaga, fue tomado como uno de los aspectos más oscuros de la administración de Juan Carlos Romero. Inicialmente la denuncia fue presentada por abogados y periodistas, el 5 de octubre de 2010 en la Procuración General de la Provincia.
Las 90 hectáreas en cuestión fueron compradas por el gobierno de Romero en el año 1998, a un precio de 1.100.000 pesos-dólares, para ser destinadas a Familia Propietaria. Luego de sucesivas ventas fue adquirida en 2009 por “Estancia El Carmen SA”, entre cuyos propietarios se encontraría su hijo Juan Esteban Romero, por sólo $100.000.
El 7 de octubre del 2010, la fiscal María Inés Loyola promovió una acción penal por peculado por la venta irregular de tierras por parte del gobierno de Juan Carlos Romero, la misma recayó en el juzgado Formal Cuarta Nominación a cargo de Antonio Pastrana. La comisión del delito es negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración y peculado. En toda esta historia hay más protagonistas y reparticiones públicas. En la acción penal promovida por Loyola alcanza también a José Luis Agustoni, quien en 2004 compró las tierras en cuestión al Instituto Provincial de Desarrollo y Vivienda.
Un hangar polémico
En diciembre del año 2012, las denuncias efectuadas por el diputado Matías Posadas en la legislatura salteña, sobre la donación y comodato de un hangar en las dependencias de Aviación Civil de la Provincia, a favor del hijo del ex gobernador, llegaron a la Justicia.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, a cargo del fiscal Guillermo Akemeier, fue quien llevó adelante la investigación y reunió las pruebas necesarias para llevar a juicio oral y público al actual senador. Según se desprende del expediente de la causa, durante los últimos días de gestión de Romero, en el año 2007, el gobierno dio la concesión de un hangar de Aviación Civil a una empresa, propiedad de su entorno familiar.
El hangar en cuestión se encuentra en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes y por medio de un contrato de comodato entre el entonces director de Aviación Civil, Ricardo Funes, con la empresa “Finca de la Represa”, propiedad de Juan Esteban Romero, hijo del senador, el hangar habría quedado en manos de la familia. De la investigación encarada por Akemeier, se desprende que esta empresa habría servido de pantalla, ya que la verdadera beneficiaria del hangar era la firma Avionsur S.A. de propiedad mayoritaria del senador Romero.
Comentá la nota