Es la ex presa política asesinada en 2010 en Rafaela. La Cámara le ordenó ahora al juez Reinaldo Rodríguez una serie de pruebas que el magistrado había desestimado. El remisero que trasladó a los asesinos y un video que no aparece.
Durante la dictadura, Suppo fue secuestrada, torturada, violada y sometida a un aborto y dos meses después de dar testimonio de su martirio, el 29 de marzo de 2010, asesinada de nueve puñaladas en un supuesto intento de robo, al que no opuso resistencia. "Tanta violencia, tanta saña y tanto salvajismo no pueden quedar impunes", dicen sus hijos y sus compañeros.
Las contradicciones entre el juez y la Cámara se plantearon, entre otras cosas, por la situación procesal de otros dos imputados en la causa: Emiliano Rodríguez y Miguel Angel Mendoza. El juez les dictó el sobreseimiento dos veces, lo que significaba desvincularlos de la investigación. Cosa juzgada y cierre de la causa. "Tengo la certeza de la inexistencia de un plan para eliminar físicamente a Silvia Suppo y de la no participación de Mendoza y Rodríguez en el hecho", resolvió el juez. Pero la Cámara revocó ese fallo, también dos veces en junio de 2012 y ahora y dispuso la falta de mérito. Es más, le ordenó reabrir la pesquisa del móvil político que cerró a fines del año pasado. "Le asiste razón a los querellantes en orden a que la investigación no se encuentra agotada", sentenció el tribunal.
Algunas de las pruebas que faltan:
* Una testigo clave. La Cámara ordenó al juez que cite a declarar a María Cristina Palacios, quien vio a Emiliano Rodríguez cerca de la escena del crimen, el día que mataron a Silvia Suppo. En el sumario policial, lo reconoció por una fotografía, "en un ciento por ciento, como una de las personas que estaba sentada en una vereda, cerca del lugar del hecho", dijo el tribunal. Pero después nunca la llamaron a declarar ante el juez. "No se ha despejado la sospecha de la participación de Rodríguez en el hecho", agregó.
* Dónde está el remisero. La pesquisa no tendrá otra alternativa que identificar al remisero de Rafaela que "según el relato de los imputados (Sosa y Cóceres), los trasladó el día del homicidio y en el momento que escapaban" de la escena del crimen, "hasta la entrada del barrio Cáritas". Esa es la decisión de la Cámara. El juez ha planteado las dificultades para encontrar a este testigo. Pero el tribunal insistió: "Mas allá de la eventualidad de que se pueda o no tratar de un crimen por encargo, lo que se persigue es descartar la posibilidad de que ese viaje lo hayan compartido los imputados Sosa y Cóceres con alguna otra persona que pueda estar involucrada en los hechos investigados, atento la duda que surge de lo expresado por la testigo Palacios, finalidad que tampoco corresponde descartar en atención a la ulterior utilidad que podría reportar en caso de aportarse algún otro elemento de prueba ahora desconocido".
* El video de la terminal. La Cámara ordenó una pericia del video que entregó la empresa que gestiona la Terminal de Omnibus de Rafaela. "Consideramos necesario su análisis por la Policía de Seguridad Aeroportuaria", dijo. Es lo que ya había dicho en un fallo anterior, pero la PSA no hizo la pericia porque el juez no le facilitó las imágenes. Ahora, el tribunal reiteró: Los querellantes dicen en la apelación que ellos vieron el video e indican las personas que aparecen en él ("Sosa y Cóceres fueron a la Terminal acompañados por Mariana Sosa, quien ni siquiera fue citada en sede judicial ni como testigo ni como imputada", revelaron los abogados Puyol y Munné. Mariana es la hermana de Rodrigo Sosa). "La Cámara ya sostuvo que no consta en la causa que las imágenes hubieran sido analizadas mediante pericia, pudiendo dicha medida tener relación con las pruebas de carácter reservado que menciona la querella", concluyó.

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