La iniciativa popular “vulnera las facultades delegadas por la provincia a la Nación, en el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, que básicamente lo que dice es que la Nación tiene la facultad de dictar el Código de Minería”, manifestó ayer el abogado en contacto con la 100.1.

“Ese Código de Minería establece cómo se realiza la actividad minera, una actividad que no solo es lícita sino que es de utilidad pública. Es decir, tiene una utilidad mayor que la privada que tiene cualquier otra actividad”, comentó el experto jurídico traído por las empresas mineras.

Dictar una ley de prohibición absoluta sería inconstitucional, remarca Zavala. “Distinto es que uno elija dónde prohibir. Esto ya existe, está prohibida la actividad minera e hidrocarburífera en los parques nacionales, en los parques provinciales, en las reservas naturales, en los glaciares. Pero no puede estar prohibido en todo el territorio”, dijo.

El abogado confirmó que afecta directamente a la empresa Aluar porque el aluminio es uno de los minerales de primera categoría que se encuentran descriptos en ese proyecto. Pero también afectaría a la producción de materiales destinados a la empresa YPF.

Por otro lado, confirmó que la charla mantenida con los diputados locales fue cordial y extensa y pudo exponer su punto de vista.

Zavala explicó que si la iniciativa popular avanza, puede alcanzar al tratamiento de las arenas para las tareas de fractura hidráulica, un proyecto pensado en Chubut para alimentar los pozos de explotación petrolera no convencional en el área Loma Campana, para la formación de Vaca Muerta, en Neuquén.

“Si se explotara un yacimiento de arenas en la provincia la extracción estaría prohibida, ya sea que se procese el producto dentro o fuera de la provincia con alguna sustancia que se pueda considerar contaminante, tóxica o peligrosa”, explicó.