La prioridad está en donde se ponga el dinero, más aún en cuestiones sensibles como las problemáticas sociales. Y es en este marco en el que se discute la atención de cuestiones como la falta de acceso a una vivienda digna en la provincia de Buenos Aires.

Sumada a la resistencia que le imprimió el gobernador Daniel Scioli a la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, se agrega el “anuncio permanente” desde el inicio de su gestión de un Fondo de Acceso Seguro a la Tierra en Función Social, al que, sin embargo, nunca le giró recursos.

Paradójicamente, el déficit habitacional en la provincia es preocupante. Según un informe del Instituto de la Vivienda basado en el Censo del 2010, la problemática afecta a cuatro millones de habitantes, el 25% de la población total de la provincia.

Esos números equivalen a más de un millón de casas (1.085.865) con déficit habitacional, es decir a la escasez, calidad insuficiente o inaccesibilidad a condiciones materiales o servicios aptos para satisfacer necesidades, algo que según las organizaciones, debe incluir a quienes no tienen seguridad en su tenencia.

Tal vez, en virtud de esa realidad, en el primer Presupuesto que le tocó presentar en 2009 (Ley 13929), Daniel Scioli creó un Fondo de Acceso Seguro a la Tierra en Función Social, destinado para la atención de expropiaciones y regularización dominial ante una emergencia habitacional.

En el artículo 77 del Presupuesto de aquel año de más de 56 mil millones de pesos ($ 56.032.723.334), Scioli estableció el Fondo a conformarse en una escala de entre 10 y 20 millones de pesos, sobre los recursos previstos para el Ministerio de Infraestructura, calculados en más de mil millones ($1.470.481.235).

Sin embargo, la suma escasa para una cuestión tan importante, resultó, incluso, una mera disposición discursiva. “En el marco de lo dispuesto en el párrafo precedente, se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes”, agregaba, sobre el final, el artículo.

Enmarcado en cierres de ejercicios anuales “ajustados” para la Provincia, el Poder Ejecutivo a cargo de Scioli nunca logró efectuar “las adecuaciones presupuestarias pertinentes”: el Fondo nunca se ejecutó pero su inclusión se repitió año tras año.

La clave de la no utilización del Fondo es que no cuenta con una partida presupuestaria propia, es decir que se compone a partir de la decisión del gobierno provincial de utilizar fondos originariamente previstos para otros fines dentro del Ministerio de Infraestructura, algo que su anterior titular, Cristina Álvarez Rodríguez, y el actual Alejandro Arlía no realizaron.

“Cuando la posibilidad de reasignar partidas surge, puede darse, pero siempre se maneja un Presupuesto justo. Y la verdad, soy consciente de cómo se manejan los recursos y que existen otras cosas que atender”, dijo a INFOCIELO el subsecretario de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires, Fabián Stachiotti.

El funcionario reconoció que “nunca” se pudo utilizar el Fondo, más allá de la presunta “voluntad” del Gobernador de hacerlo año tras año. Calcado en su texto, el Fondo de Acceso Seguro a la Tierra en Función Social aparece en el artículo 90 del Presupuesto de 2010 y alude a la ley 13.929 de Presupuesto mediante la que se lo crea.

Al año siguiente, en 2011, la ley de Presupuesto ya no le establece una escala de recursos, sino que directamente le “autoriza” al Poder Ejecutivo a destinar específicamente 20 millones de pesos con la salvedad de que también le da permiso de “efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes”.

Así, su inclusión idéntica figura en el artículo 78 del Presupuesto 2012, en el 69 del Presupuesto 2013, y en el 60 del Presupuesto previsto para el 2014. No obstante, a lo largo de los años, el Fondo se mantuvo inamovible en sus recursos, frente al crecimiento que sí experimentó el Presupuesto General, o el particular del Ministerio de Infraestructura.

El Presupuesto General de Gastos y Recursos creció en todo ese tiempo 221%: pasó en 2009 de 56 mil millones a 180 mil millones en 2014; y, el de Infraestructura 108%: pasó de 1470 millones a más de 3 mil millones de pesos para el año que está por venir.

Aunque el Fondo se pudiera ejecutar, la suma es escasa frente a la gran cantidad de situaciones habitacionales en emergencia que tiene la Provincia. “6 ó 7 millones de pesos, sale, por ejemplo, sólo un conjunto de tierras en el distrito de Moreno”, admitió el propio Stachiotti.

¿Existe un acto ilegal al no ejecutar ese Fondo persistente a través de los años? Para el especialista en derecho administrativo Leandro Giannini la autorización que se le da al Poder Ejecutivo de girar partidas para el Fondo no implica una “obligación”, de ahí el escudo formal – legal que puede esgrimir Scioli ante su falta de aplicación.

“En realidad, esa línea argumental es débil y sólo puede excusar al Poder Ejecutivo de cometer un ilícito ´presupuestario`, pero en modo alguno justifica la desatención de los derechos sociales fundamentales que, como han sostenido tanto la Corte Suprema de la Nación y la de la provincia de Buenos Aires, son plenamente operativos”, afirmó.

Giannini, que en su faz profesional ha patrocinado acciones judiciales en defensa del derecho a la vivienda, sostuvo, en este sentido, que las personas en estado de vulnerabilidad “están en condiciones de exigir directamente al Estado (incluso por vía judicial) una solución habitacional digna y efectiva”.

Cabe recordar que no garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna constituye una “vulneración sustancial de derechos de rango superior”, dado que está equiparado con el derecho a la dignidad humana y a la igualdad de oportunidad, motivo por el que la falta de aplicación del Fondo no deslinda al Estado de su responsabilidad.

Como contraparte, el subsecretario de Tierras explicó que ante conflictos habitacionales se utilizan vías alternativas como por ejemplo negociaciones con el titular a partir de la captura de plusvalor de un predio a urbanizar a favor de los ocupantes, el loteo con servicios y en el caso en que se pueda, la utilización de predios fiscales.

Sin embargo, la situación es hoy muy compleja. En el Informe 2013 del Observatorio Social Legislativo dependiente de la Cámara de Diputados bonaerense se da cuenta que en el interior de la provincia el 14% de los hogares con niños se encuentra en terrenos o calles inundables, cifra que en el conurbano trepa al 19,4%.

El estudio basado en la Encuesta Nacional sobre condiciones de vida de Niñez y Adolescencia (ECOVNA) también indica que el 8,2% de los hogares con infantes en el interior se encuentra cerca de basurales permanentes, y más del 15% lo está en el conurbano.

Los números estadísticos se pueden comparar con la inversión. En 2012, el Ministerio de Infraestructura destinó poco más de siete millones de pesos para Programas Habitacionales y dejó sin ejecutar poco más de medio millón, de acuerdo a las planillas de Contaduría de la provincia de Buenos Aires.

A su vez, puso en el programa Tierras y Regularización más de ocho millones de pesos ($8.446.703,00), de los que poco más de la mitad se destinaron a sueldos: ($4.482.947,68), y, en paralelo, el programa Integral de Vivienda Social se llevó apenas 430.420 pesos, que se destinó íntegramente a pagar sueldos.

En todos los casos se trata de sumas muy inferiores a lo que debería recibir el Fondo para Acceso Seguro a la Tierra en Función Social, que incluso, es escaso. Según se informó desde la Provincia, las expropiaciones promovidas en el último tiempo se efectuaron a través de recursos de rentas generales.

En el único caso conocido en que el Fondo de Acceso Seguro a la Tierra figuró en un proyecto de expropiación es en el del barrio platense San Cayetano, ubicado en la zona de Melchor Romero. La iniciativa presentada por la diputada del FpV Alicia Sánchez, que se convirtió en ley este año está aún en trámite y es una incógnita cómo se financiará.

Desde la organización Resistencia Cultural Barrial, que trabajó el caso San Cayetano, el referente Sebastián Cuccia calificó como “alarmante” la falta de aplicación de los recursos del Fondo para la “compra directa de tierras para solucionar emergencias habitacionales” y llamó a otras organizaciones a “reclamar” en conjunto.

La puesta en operatividad de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat que fija objetivos y criterios básicos para las políticas de vivienda en la provincia de Buenos Aires parece marcar un nuevo escenario para enfrentar la emergencia habitacional. La consideración de la función social de la propiedad y la promoción del acceso a una vivienda a personas hoy no consideradas sujetos de crédito implica un avance en la igualdad de derechos. Sin embargo, la voluntad política y los recursos necesarios son determinantes para garantizarle a cada familia el derecho a una casa propia.