La medida cautelar que frenó obras del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) cayó como una bomba para el alperovichismo en un año electoral. Se notó en la movilización que generó en el propio despacho del gobernador, José Alperovich. Legisladores, autoridades de la Cámara y los abogados del Estado desfilaron ayer por la gobernación. Ocurre que el oficialismo no está dispuesto a permitir que el planteo judicial del PRO demore por mucho tiempo más la ejecución de 1.200 mejoras en viviendas (llamadas "soluciones habitacionales") y, mucho menos, que sea el puntapié de iniciativas judiciales opositoras que tengan efectos similares.

Por ello, si bien la Provincia efectuará presentaciones contra el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo, Salvador Ruiz (Sala I), la bancada oficialista ya prepara una nueva norma que reemplace la Ley 8.541. El magistrado suspendió la aplicación del texto legal al hacer lugar el lunes a una medida cautelar solicitada por el macrismo (el legislador Alberto Colombres Garmendia y el apoderado del partido, Arturo Forenza). En noviembre, mediante la sanción de ese texto, se había habilitado al organismo que dirige Gustavo Durán a eludir procesos licitatorios y a contratar de manera directa los trabajos en casas.

El fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, afirmó que la Provincia acatará el fallo y que mañana hará una presentación. "Trataremos de revocar el fallo. El gobernador nos pidió que estudiemos el caso y, si hay que modificar algo, se hará", expresó.

"Palos en la rueda", "insólito", "impedimento" y "vergüenza". Esas fueron las palabras en las que coincidieron parlamentarios del oficialismo para defenestrar a Colombres Garmendia al salir de la Casa de Gobierno. Tampoco evitaron las duras críticas hacia su partido. Eso sí, todos destacaron el respeto hacia la Justicia por parte de Alperovich y los logros en materia de obras públicas.

"Hay 1.200 familas que están esperando un módulo y que, como consecuencia de una presentación del PRO, no lo están teniendo. Es lógico, porque es muy probable que los votantes del PRO no necesiten soluciones habitacionales. Los del Frente para la Victoria (FpV) sí las necesitan y por eso tenemos urgencia de solucionar esta situación", ironizó Sisto Terán.

El abogado afirmó que, desde el punto de vista jurídico, el fallo "no es del todo correcto" y defendió la potestad del Poder Legislativo para determinar una contratación directa. "¿Saben lo que es una solución habitacional? A gente que vive en condiciones miserables se les entrega un cuarto y un baño dignos. ¡Pueden tirar la cadena por primera vez en su vida! Y eso es lo que el PRO demoró y dilató. No tiene ningún interés por los más humildes y por eso hizo esta presentación insólita", criticó. Ponderó la urgencia de las obras y la rapidez con las que permite concretarlas la contratación. "So pretexto de una falta de transparencia, ponen un obstáculo. Quieren que no se hagan obras. Porque un gobierno como el de Alperovich, que hace tantas, les gana todas las elecciones por márgenes abrumadores. Acuérdense, cuando queramos hacer otra obra, el PRO estará pendiente", concluyó.

Antes de opinar, el presidente de la Cámara, Regino Amado, aclaró que Colombres Garmendia no estuvo en la sesión en la que se aprobó la ley cuestionada. "Por él, nos vemos en la imposibilidad de continuar con el ritmo de la gestión", lamentó. Consignó que tanto las familias que piden esos trabajos como los obreros que iban a ser empleados deberán esperar. "Tenemos este fallo que nos frena, nos pone palos en la rueda y no nos permite aprovechar la gestión que oportunamente hizo el gobernador", cuestionó. El monterizo explicó que prepararán una sesión cuanto antes para aprobar la nueva norma. Sucede que, de acuerdo con su explicación, los fondos nacionales no reintegrables que iban a ser destinados a estas tareas no pueden ser readecuados si los valores, por ejemplo de los materiales, suben. "Hacer la obra en 30 días no es lo mismo que en seis meses. Es posible que no podamos concluirla, porque no nos enviarían remesas posteriores. Por eso que se usa este sistema. No es para el beneficio de nadie más que de la gente que recibe el trabajo y que consigue un puesto laboral", advirtió. Por último, afirmó que los controles de los Concejos Deliberantes y del Tribunal de Cuentas en el caso de los municipios y las comunas, respectivamente, son suficientes para las contrataciones directas.

"Es llamativo que el autor de la demanda sea, precisamente, un miembro del PRO. Todos sabemos que es conocido en Capital Federal porque, pese a tener el presupuesto más importante del país, tiene una subejecución presupuestaria en materia de viviendas que es alarmante", consignó Ramiro González Navarro.

El parlamentario Guillermo Gassenbauer calificó como "una vergüenza" la presentación de Colombres Garmendia. "Ni siquiera fue a la sesión en la que se aprobó. Hay gente que vive en el hacinamiento, pero a esos barrios él no los conoce, no los recorre. No son los votantes de él los que lo necesitan", deleznó. Afirmó que si es necesario hacer una ley nueva para que las obras puedan efectuarse, la elaborarán. "Si no ocupamos esos fondos, la Nación podría decidir enviarlos a otra provincia y podríamos perderlos, advirtió Gassenbauer.

"Sólo compran papel con licitaciones"

El legislador por la Democracia Cristiana, José Páez, consideró que el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo "brinda aire fresco". "Se llama a licitación para contrataciones menores, pero cuando la contratación es millonaria siempre hay contratación directa. Sólo se compran papel y útiles de escritorio con licitaciones. La licitación pública es la forma que adquiere la democracia en la obra pública", planteó el opositor.

n Una ley de dos artículos

La Ley 8.541 -aprobada el 7 de noviembre- tiene dos artículos y autorizó al Ipvdu a usar la contratación directa para mejoras en casas. El PRO planteó la inconstitucionalidad y pidió la suspensión de su aplicación. Sucede que el artículo 12 de la Constitución establece la licitación, salvo en caso de "razones especiales". La Justicia otorgó la cautelar al entender que la urgencia no estaba fundada en el texto.