El gobernador Celso Jaque instruyó a la Asesoría de Gobierno para que tome intervención en la causa que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Complejos por el fraude en perjuicio del Estado que perpetraron agentes de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), aunque con una particularidad: pidió que la investigación abarcara desde el año 2005, en plena gestión de Julio Cobos.

El mandatario firmó el decreto que autoriza a César Mosso Gianini, asesor de Gobierno, y a los abogados auxiliares para que tomen parte como querellantes particulares en la causa. Esto permitirá que el Ejecutivo forme parte del expediente, conozca el avance de la investigación y también pueda acercar información probatoria.

Juan Pablo Tari, subsecretario de Gestión Pública de la Provincia y coordinador de la UFI, fue el encargado de transmitir las medidas adoptadas por la administración de Jaque. El funcionario justificó el rastreo de información desde la gestión del ex gobernador Cobos a la fecha, aduciendo que es "una medida preventiva".

"Decidimos encarar la auditoría desde la fecha en que algunas de estas personas estaban en el cargo. Por ello tomamos la decisión de que sea en 2005, por una cuestión pura y exclusivamente preventiva. No sabemos si esto data de esa fecha, pero la idea es que tomemos las precauciones e investiguemos a fondo para tratar de hacerlo de la mejor manera posible".

El subsecretario aseguró que "los técnicos (de Contaduría General de la Provincia) ya están trabajando en la investigación".

Así, el decreto 1.217 faculta al asesor de Gobierno a actuar en nombre de la Provincia de Mendoza como "querellante particular y actor civil a fin de ser tenida como parte en la investigación y en tal carácter procurar acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal de los imputados como así también ejercer la acción resarcitoria que pueda corresponder".

Los tiempos de la estafa

A la par de esta medida, el ministro de Hacienda Adrián Cerroni, inició un auditoría en la UFI, para determinar si la estafa se extiende en el tiempo. Hasta ahora sólo se habían detectado irregularidades en el ejercicio 2010.

La meticulosa operación permitió desviar, en principio, $ 850.000 de la cuenta oficial de la Unidad de Financiamiento.

En el sistema contable (Sidico) los datos ingresados calzaban a la perfección: proveedores, números de expedientes y órdenes de pago por retenciones impositivas. Pero cuando intentaron conciliar la información con los documentos de respaldo se encontraron con que nada existía y los valores que debían tener como destino la AFIP terminaban depositados en cuentas particulares. Se emitieron entre uno y dos cheques mensuales.

La intención en el segundo piso de Casa de Gobierno es poner bajo la lupa los movimientos contables que se efectuaron desde 2005 a la actualidad. Para ejecutar esta acción, Hacienda solicitó la intervención de dos peritos del plantel de profesionales de Contaduría General de la Provincia.

Esta medida es idéntica a la que anunció la Fiscalía de Estado, división Asuntos Administrativos, que dirige Javier Fernández.

El objetivo apunta a establecer el monto del daño para después reclamar el resarcimiento económico a quienes resulten culpables.

"Actualmente lo está haciendo Fiscalía de Estado y ahora se suma una auditoría más, por parte de Asesoría de Gobierno", reconoció el subsecretario Tari.

Además, Fiscalía de Estado apunta a esclarecer qué sucedió con los controles internos que no advirtieron la maniobra que se estaba llevando adelante y a partir de ahí, delimitar responsabilidades.

Los principales implicados son: Federico Acuña, tesorero y Diego Martorell, que renunció a la tesorería en marzo; María Rubio, directora de Administración de la unidad, y Soledad Pastrana también están siendo investigadas, aunque hay voces que deslindan de responsabilidad a las contadoras ya que alertaron a las autoridades sobre esta situación.