La concejal Cristina Croharé explicó que cuando las personas han abonado lo que establece la resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, la empresa no puede cortar el servicio. Si esto ocurriera, hay otra reglamentación emanada de esa Secretaría por la cual desde allí mismo se inician las acciones legales en favor de los usuarios. De esta manera, desde el punto de vista legal los usuarios que paguen lo que manda el Estado Nacional están amparados.

En la última sesión del Concejo Deliberante se aprobó por unanimidad una resolución tendiente a pedirle al Departamento Ejecutivo que a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor -OMIC- avance en las actuaciones legales iniciadas para que la sucursal Azul de Cablevisión no cobre más de 138 pesos el abono del servicio básico de televisión.

Es que ese fue el monto establecido mediante una resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a la que se suman los fallos de la Justicia y las reglamentaciones de otras dependencias nacionales y provinciales.

La autora del proyecto fue la concejal Cristina Croharé, quien al hablar con este diario consideró un logro muy importante que el cuerpo en pleno lo haya aprobado.

Incumplimiento

En un principio, la concejal recordó que en 2012 la Secretaría de Comercio Interior reguló el valor del abono básico del servicio de televisión por cable a través de la resolución 25, que se fue prorrogando y fue actualizando los valores -empezó siendo de 109 pesos y ahora es de 138-.

A su vez, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires inició a fines de noviembre de 2012 una acción de amparo colectiva para proteger los derechos de los usuarios. Esa causa, en primera instancia sale a favor de los usuarios y, por lo tanto, Cablevisión debe atenerse a lo que había resuelto la Secretaría de Comercio Interior.

La empresa apeló el fallo, pero la Cámara Federal de La Plata lo confirmó en marzo de este año. "Sin embargo, Cablevisión sigue sin cumplir", explicó la edil.

Además de esto, indicó que también por una presentación realizada por el Defensor del Pueblo, "la empresa Cablevisión en la provincia de Buenos Aires está pagando una multa de 10.000 pesos diarios por el incumplimiento de las resoluciones".

"Que cumpla con la ley"

En lo que hace a las acciones en esta ciudad, Croharé marcó que en abril de este año, junto al coordinador Regional del AFSCA, Daniel Salomón, realizaron una denuncia ante la OMIC por el incumplimiento de la empresa. Lo hicieron en representación de más de 500 usuarios.

Lo que solicitaron en esa presentación fue que "intervenga y lleve adelante las actividades legales correspondientes en defensa del consumidor de Cablevisión".

También se presentaron en Cablevisión para exigir que "cumpla con la ley".

Según recordó, la OMIC llamó a una audiencia a la que la empresa no se presentó. Sí lo hizo la concejal acompañada por un abogado de AFSCA.

"A partir de allí ya no hubo más novedades por la causa en la OMIC. Pero además de esto, a los usuarios que pagan lo que marca la resolución de la Secretaría de Comercio Interior les ha empezado a llegar el aviso de corte del servicio por deuda", consignó y explicó que esto se da "porque los consideran morosos".

Por esto, a través del proyecto de su autoría resolvieron solicitar a la OMIC "se lleven adelante las medidas legales, esto es, una imputación a la empresa por incumplimiento de las leyes vigentes".

Cabe aclarar que la OMIC depende de la Subsecretaría Legal y Técnica que en este momento está a cargo del abogado Mauro Grandicelli, secretario de Gobierno.

Por otro lado, también que el Concejo Deliberante se manifieste ante la empresa "en favor de los usuarios".

El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad, hecho que Croharé consideró "un logro muy importante, principalmente de los usuarios que están manteniendo esta lucha porque sólo con hacer las denuncias no alcanza. Hay que hacer sentir a la empresa que está fuera de la ley, que tiene que respetar a los usuarios y no abusar de ellos".

A todo esto, la concejal señaló que días atrás "me comuniqué con la oficina Legal de la Defensoría del Pueblo que la provincia de Buenos Aires y me dijeron que está muy bien el camino que hemos tomado".

También le informaron que en otros Partidos de la provincia ya se han hecho las imputaciones desde sus respectivas OMIC -como es el caso de Quilmes- y que incluso en otras ciudades el reclamo se ha llevado adelanta encabezado por sus propios intendentes -como fue en Benito Juárez y Lobos-.

"De manera tal, no estamos solos en esta lucha ya que distintos Partidos de la provincia están en lo mismo", remarcó por último.