La posible defraudación que fue dada a conocer en primicia por EL LIBERAL, se habría gestado a partir de la falsificación de firmas, indicó Abate.

“En este momento estamos haciendo todo un estudio porque habría falsificación de instrumentos y porque requerimos un estudio previo en estos casos”, señaló.

Para saber cuál era la situación de los terrenos en cuestión,Fiscalía de Estado habría emitido pedidos de informes a otras reparticiones, para verificar que las ocupaciones sean efectivas, había revelado el funcionario.

También manifestó en esa oportunidad que se realizarían investigaciones sobre las colonias para saber si los adjudicatarios originales o los familiares de los colonos son los que realmente están viviendo en el campo y no son explotados por terceras personas, que no fueron beneficiados en su momento con este plan.

Abate remarcó que “hay una prohibición de venta de todos terrenos que hayan sido adjudicados mediante la ley de tierras nuestra” y que la imposibilidad de negociarlas es “de veinte años, desde el momento de la inscripción traslativa de dominio”.

Causas por tierras

Consultado por la situación de las diversas causas que Fiscalía de Estado viene impulsando en la Justicia provincial por presuntas operaciones irregulares con tierras fiscales, el funcionario comentó que hubo “algún tipo de retraso de carácter procesal por jueces que se han inhibido o han sido reemplazados, lo que implica un retraso lógico y obligatorio porque hay que hacer conocer la intervención del nuevo juzgado, lo que hace demorar la causa. Pero todas están en actividad”.

Por otra parte, Raúl Abate consideró que es fundamental la creación de juzgados de derecho real (tierras) y ambiental que impulsa el Ejecutivo y que está en el análisis de los distintos actores.

“Es de fundamental importancia para la Fiscalía y para la provincia. En Santiago del Estero, donde tenemos un gran número de conflictos de tierras, hacer que estos conflictos puedan ser resueltos en un juzgado que tenga competencia exclusiva en el tema, nos va a asegurar calidad de las resoluciones y la celeridad en la sanción de los resolutorios”, sostuvo.

“La gente que trabaje en estos juzgados se va a especializar y eso va a coadyuvar a la eficacia de la administración de Justicia”, opinó.