“Quiero crecer en mi propia casa”. Esa era la leyenda del babero de un bebé de un mes, el participante número 29 de la comisión que el miércoles por la noche ingresó a Casa de Gobierno para debatir soluciones al problema de los beneficiarios del plan Procrear. Mientras, en Plaza Independencia, unas 50 personas esperaron los resultados del encuentro, con banderas celeste y blancas. “Les hacemos el aguante”, explicaron, orgullosos.

El grupo fue recibido por la secretaria General de la Gobernación, Carolina Vargas Aignasse; el gerente regional de la Anses, Raúl Ferrazzano; y Gastón Robles, gerente local. También oficiaron de anfitriones dos gerentes del Banco Hipotecario: Carmen Tabuer y Ramiro Rueda.

En octubre, 6.433 tucumanos fueron sorteados en las distintas líneas del programa -construcción; ampliación, refacción y terminación; compra de vivienda a estrenar, y compra de terreno y construcción- y en los repechajes para quienes no habían sido sorteadas anteriormente. Del total, 2.752 beneficiarios corresponden a la línea de préstamos para terreno y construcción, y son hasta aquí los más afectados por la escasez de tierras.

En nombre del PE, Vargas Aignasse detalló las gestiones realizadas en busca de terrenos que puedan ser destinados al proyecto. Descartó que el Estado pueda intervenir en las ventas, precios y condiciones de los propietarios privados, aunque dijo que ayudarán a facilitar la regularización de documentación de lotes para que puedan venderlos.

Sí abrió algunas posibilidades en lo referido a las tierras fiscales. Muchas de ellas, destacó, están aisladas, o no poseen infraestructura que les permita calificar para el programa. Y las pocas encontradas deben ser relevadas in situ, porque pueden estar usurpadas.

El único espacio sobre el que se abrió una posibilidad más o menos certera fue el del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. Vargas Aignasse aclaró que de las 210 hectáreas del predio, sólo se podrían utilizar 12, pero previamente se necesitan despejar algunas dudas. Las primeras tienen que ver con los procesos judiciales abiertos, ya que allí funcionó un centro clandestino de detención y exterminio, y las excavaciones e investigaciones en busca de restos humanos no han terminado. Aseguró que el viernes (por hoy), el juez Daniel Bejas remitirá un informe sobre la situación jurídica del espacio.

Además, se deberá realizar un trabajo de detección y desactivación de minas, ya que existe la posibilidad de que en el lugar todavía haya explosivos bajo tierra. El lugar podría ser destinado a la construcción de cerca de 250 viviendas. Los beneficiarios solicitaron a la funcionaria una reunión con organismos de Derechos Humanos, a fin de garantizarles que la construcción de un barrio en el lugar sería una forma de homenajear a los desaparecidos y de mantener viva la memoria de lo que allí ocurrió.

Para convertir a espacios rurales en zonas urbanizadas, la Nación firmó un convenio con siete provincias por el cual pone a su disposición $ 4.000 millones para llevar tendidos eléctricos, provisión de agua, cordones cuneta y demás. “Nosotros, como Provincia, cedemos al Procrear el terreno fiscal. Ellos lo tasan, y nos envían el 45% de el valor de la propiedad para que nosotros ejecutemos las obras. Una vez que las terminemos, nos envían el 55% restante. La pregunta es ¿qué pasa si la tasación es baja, y ese anticipo que nos envían no alcanza para terminar las obras? ¿Dispondremos de fondos provinciales para completar el valor de la infraestructura?”, dudó Vargas Aignasse frente a los beneficiarios.

Los gerentes de Anses, Ferrazzano y Robles, garantizaron que los plazos de vencimiento del Procrear se extendieron. Aseguraron que la prórroga se debe tramitar individualmente. Los beneficiarios con derecho a comprar los terrenos fiscales serán definidos por sorteo. Acordaron, finalmente, designar a cuatro representantes para que integren el equipo de trabajo de la Secretaría General de la Gobernación para la búsqueda de terrenos.