Se busca un acuerdo con el Ministerio de Economía, la AFIP, la Corte Suprema de Justicia y las empresas. Piden que se reactualicen los precios de los bonos.
La Ley 23.658 modificó la normativa original 22.021 y determinó que las empresas que cuentan con el régimen de promoción económica se vean beneficiadas con un sistema de bonos fiscales.
En lugar de no pagar de manera directa determinados impuestos para potenciar sus posibilidades de desarrollo industrial, lo hacen a través de títulos públicos que tienen un valor nominal.
El problema es que esos bonos se quedaron con sus valores nominales del año 1999 y luego de la devaluación de la moneda que se concretó en el año 2001, nunca más recuperaron su valor real.
Esta semana un empresario industrial graficó a NUEVA RIOJA el problema generado por este desfase de valores y habló de una pérdida que alcanzaría cuatro veces su precio original.
Qué se hizo
Las empresas reclamaron durante varios años que estos bonos se actualicen como dice la ley por el índice de precios mayoristas, pero la Nación decidió tomarlos como títulos públicos e incluirlos dentro de la ley de emergencia. De esta manera, su actualización quedó prohibida.
Sin embargo, varias empresas se presentaron ante la Justicia y obtuvieron fallos que determinaban la actualización de esos bonos por el mismo índice de precios mayoristas.
Ahora resta esperar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determine sobre el fondo de la cuestión.
Negociación
Mientras tanto, también existe una negociación política con el Gobierno nacional.
La semana pasada el diputado nacional Jorge Yoma había adelantado la importancia de las reuniones que habían mantenido con altos funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación y en las cuales había estado presente el propio gobernador Luis Beder Herrera.
La intención de la Provincia, y que contaría con el visto bueno de la cartera que comanda Amado Boudou, es que se alcance un acuerdo que involucre a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las empresas.
Si bien no se menciona la posibilidad de una indexación directa de los bonos fiscales con los cuales cuentan los empresarios, se estaría analizando la alternativa de una solución que tome en cuenta la cuestión judicial y al mismo tiempo implique alguna mejora económica para las empresas.
Ventaja
A diferencia de la negociación por la continuidad de la Promoción, este tema, no involucra a otras provincias. Los bonos y su posible actualización no implican que otras provincias tengan menos recursos o que pierdan la llegada de nuevas inversiones, como ocurre con el decreto 699/10.
En Mendoza le apuntan al camarista
En la provincia de Mendoza el tema de la Promoción Industrial continúa siendo noticia. Los medios mendocinos se hicieron eco de los fuertes cuestionamientos que está recibiendo el camarista que falló a favor de la aplicación del decreto presidencial 699/10.
Otilio Roque Romano fue uno de los camaristas que resolvió en contra de los intereses de Mendoza en el tema de la Promoción económica, fue cuando falló en contra de la resolución de primera instancia del Juzgado Federal de San Rafael.
Ahora, el Gobierno de Mendoza se sumó a los organismos de Derechos Humanos cuyanos, quienes vienen denunciando desde hace varios meses el accionar de Romano durante la última dictadura militar.
"El documento de los organismos de derechos humanos conocido ayer y avalado por el Gobierno de Jaque sostiene que: ‘Otilio Roque Romano está procesado penalmente en la Justicia federal en calidad de partícipe primario por más de 100 hechos de desapariciones forzadas, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, saqueo de bienes y apropiación de menores, y a pesar de ello sigue cumpliendo funciones como juez de cámara en la Justicia Federal de Mendoza", sostuvo el diario Los Andes en las últimas horas.
El medio de comunicación amplió la información al sostener la posición de los organismos. "Los militantes de derechos humanos no toleramos más demoras. Exigimos que se disponga la suspensión del juez Otilio Roque Romano ya. La permanencia de este camarista en la justicia federal, procesado por delitos de lesa humanidad, es insostenible. Basta de impunidad para Romano. Juicio y Castigo a los cómplices civiles de la dictadura", comentó.
Un tema complejo
Varias discusiones que se dan en paralelo y con intereses cruzados
La discusión entre el Gobierno nacional y las provincias por la continuidad del Régimen de Promoción económica no es sencilla ni está limitada a un único aspecto.
La pelea que más se conoce mediáticamente y que al mismo tiempo despierta grandes pasiones es la continuidad del régimen y la posibilidad de que nuevas empresas se instalen con esta modalidad.
La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis celebraron en mayo del año 2010 la firma del decreto presidencial 699/10, porque implicaba que el mecanismo tributario continuaba vigente.
Sin embargo, empresarios mendocinos cuestionaron esta medida ante la Justicia y el Gobierno de esa provincia los apoyó de manera política en la iniciativa.
En este caso lo que se debate es la posibilidad de que ciertas empresas no paguen determinados impuestos por invertir industrialmente en zonas menos desarrolladas, como las cuatro provincias que gozan del beneficio desde los primeros años de la década del ‘80.
Bonos fiscales
El caso de los bonos fiscales es diferente.
A partir de la sanción en los ‘90 de la ley nacional 23.658 se modificó el sistema de la Promoción y las empresas comenzaron a contar con un mecanismo de bonos fiscales para no tener que pagar impuestos.
Es decir, que en lugar de directamente no abonar los tributos lo hacían mediante unos títulos públicos denominados bonos fiscales.
El reclamo de las empresas riojanas -que también cuenta con respaldo en las otras provincias promocionadas- apunta al valor nominal que tienen estos bonos y piden por una actualización.
"Estos bonos tienen el mismo valor nominal que en el año 1999. Para que se entienda, en ese momento significaban cien pesos en impuestos, pero hoy equivalen a 25 pesos en impuestos, porque con la devaluación posterior los bonos perdieron tres o cuatro veces su valor", comentó un empresario industrial a NUEVA RIOJA al ser consultado por los bonos fiscales durante la semana que pasó.
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