El argumento está determinado en el reglamento interno, aunque dejaron entrever que el motivo es El Talar.
Lo cierto es que desde el inicio del período de sesiones ordinarias, el 1 de abril pasado, éste será el segundo jueves hábil que no habrá sesión en la Legislatura jujeña. El primero fue cuando legisladores de los distintos bloques se ausentaron de la provincia para participar del Parlamento del NOA realizado el 28 y 29 de abril en Santiago del Estero, sin contar el feriado por el Jueves Santo- el 21 del mismo mes-, mientras que el segundo será hoy.
Hasta ahora sólo se concretaron cuatro sesiones ordinarias, incluyendo la inaugural que dio origen al mensaje del gobernador Walter Barrionuevo, el primer día hábil de abril. Si bien el fundamento de la convocatoria a reunión de Labor Parlamentaria con 24 horas de anticipación se ajusta a lo establecido en el Reglamento, el mismo sonó más a una excusa. Es que la problemática de El Talar es un tema candente, más aún luego del ingreso formal del proyecto del Ejecutivo jujeño para la intervención de esa comuna.
Cabe consignar que la iniciativa debía tomar estado parlamentario en esta esquiva quinta sesión del Parlamento y, por consiguiente, ser girada a la Comisión de Asuntos Institucionales, para su análisis respectivo y la firma del despacho correspondiente, dos pasos previos a su tratamiento en el recinto de sesiones.
Sucede que apenas se conoció su ingreso a la Legislatura, la oposición salió con urgencia a “marcar la cancha” y a anticipar su rechazo al método de la intervención para dirimir cuestiones internas de un Municipio, que al igual que todos, tiene autonomía propia para definir su futuro y resolver problemáticas domésticas desde lo institucional. Así lo dejaron en claro ante la prensa local los presidentes de los bloques de la UCR y del Frente Primero Jujuy, Alberto Bernis y Oscar Agustín Perassi, respectivamente.
En tanto, el día posterior a sendas declaraciones periodísticas, el titular de la Comisión de Asuntos Institucionales, Guillermo Snopek (PJ), señaló que el pedido de intervención elevado por el Ejecutivo se ajusta al artículo 182 de la Constitución, que apunta al restablecimiento del normal funcionamiento institucional de un Municipio. “Si las instituciones no funcionan, corresponde el tratamiento en la Legislatura de ese pedido efectuado mediante un proyecto de ley”, enfatizó.




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