Con consenso unánime, los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales definieron ayer incrementar las restricciones a los morosos alimentarios, de modo que no puedan acceder a cuentas bancarias, viviendas sociales y hasta la licencia de conducir. “La ley dejaría al deudor en la condición de muerto civil, pero es lo que corresponde”, ilustró Sergio Gallia (Nuevo Neuquén). El despacho aún debe ratificarse en sesión para que la norma tenga vigencia.

Raúl Podestá (FG-NE), uno de los autores del proyecto, explicó que hoy el Registro Provincial de Deudores Alimentarios tiene “escasa repercusión” porque sólo inscribe a los padres incumplidores cuando hay un pedido expreso de la otra parte. Indicó que buscarán saldar ese inconveniente y agregar como requisito en múltiples trámites el “certificado de libre deuda alimentaria, que se obtendrá a través de una página web, como ocurre con el número de CUIT”.

Sin el certificado las personas no podrán acceder a habilitaciones comerciales, cuentas corrientes, créditos, contratos con el Estado, candidaturas electorales, cargos públicos, viviendas sociales, la adopción de hijos e incluso la licencia de conducir.

Gallia planteó también introducir algunos cambios al momento de votar la norma para no caer en alguna inconstitucionalidad con las restricciones.

Fin de los deudores

El presidente de la comisión y del bloque del MPN, José Russo, se sumó a la metáfora de su predecesor en la palabra y auguró que la ley implicará “darle un certificado de defunción temporario” a los deudores.

Aclaró, no obstante, que la intención de estas medidas es disuasiva y no punitiva. “Es como darles el mensaje: o pagás o te transformás en un muerto vivo”, sintetizó.

Podestá aclaró que, para ayudar al deudor a saldar las cuotas atrasadas, los jueces podrán retirarlos del registro de morosos de manera provisoria para que puedan acceder a un empleo o iniciar un emprendimiento. Recordó que existe un proyecto con media sanción del Senado para crear un listado nacional de deudores alimentarios, “que no colisiona en lo absoluto” con la propuesta en análisis en Neuquén.