Hablan los aspirantes de gobernador: el trabajo en negro, al tope de la agenda

Hablan los aspirantes de gobernador: el trabajo en negro, al tope de la agenda

Se destacan dos medidas cardinales en las propuestas de los precandidatos a la gobernación: por un lado, proteger al trabajador y, por el otro, controlar las instituciones y empresas. Avellaneda, precandidato del PRO, se despide hoy de esta serie de publicaciones

Daniel Blanco - Frente de Izquierda 

El trabajo en negro es degradante y niega todo derecho  laboral. Quien trabaja en negro queda fuera del sistema previsional, sin estabilidad y sin las conquistas contenidas en los convenios colectivos, carece de obra social y cobra salarios más bajos. Entre el blanco y el negro hay una enorme variedad de trabajo  grises, precarizados. La tendencia del capitalismo en crisis es llevar masivamente a los trabajadores al “negrismo laboral”. Es la política de los Macri y los Cano, los K y los Alperovich-Manzur, como se demuestra en Tucumán, que es la provincia más precarizada y en negro de la Argentina. Para erradicarlo, planteamos la prohibición de despidos y pase a planta de todo personal actualmente con trabajo, en cualquiera de sus formas bajo el mejor convenio de la actividad y con un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. Y para controlar el cumplimiento de esta norma elegiremos un cuerpo independiente de inspectores obreros.   

 

Domingo Amaya

Combatir el trabajo no registrado, en definitiva, es más que una simple lucha contra la ilegalidad. Erradicar el trabajo en negro es  luchar por una sociedad más equitativa; es defender los derechos de los ciudadanos para que tengan mayor inclusión en su comunidad. Es también obrar para generar más justicia social para cada uno de los tucumanos, sin discriminación. En un contexto de igualdad de oportunidades, el empleo no registrado no sólo perjudica al Estado, sino también a la sociedad en su conjunto. Por ello, tenemos que insistir en el mejoramiento de las capacidades y competencias de las personas a fin de combatir este problema. Aparte, el apoyo del Estado se centrará en jerarquizar la actual Secretaría de Trabajo con el objetivo de convertirla en el Ministerio del Trabajo. Esta área estatal merece tener una mayor capacidad de control, además de generar incentivos tributarios a empresas que tengan su planta laboral formalizada.

 

José Manuel Avellaneda - PRO

El trabajo en negro constituye un gravísimo problema en la Argentina. Hay fraude al no existir un contrato laboral que proteja a trabajadores que deberían estar amparados por la legislación, ya que carecen de toda cobertura social y de salud. Los Estados nacional, provincial y municipal no ejercen el poder de policía laboral, y tienen una masa muy importante de trabajadores en esa situación junto al sector privado. La causa más importante es la enorme carga impositiva del salario, con un 45% o 50% de aportes entre trabajador y empleador.  Un empresario fraudulento se beneficia en relación al que cumple sus obligaciones. Además, hay que rever la legislación laboral, la escala de impuestos a las ganancias y los planes sociales que obstaculizan la registración. El trabajo en negro, la distribución del ingreso nacional y el sistema fiscal, entre otros temas, son asignaturas pendientes de la democracia y del debate público. (Avellaneda envió esta opinión antes de abandonar su precandidatura)

 

José Cano - Acuerdo Cívico y Social 

La reducción del empleo en negro precisa de una intensa gestión del Estado para garantizar aportes y contribuciones para quienes forman parte del mercado laboral. Un primer paso para revertir los índices críticos que dejará la actual administración, será modificar la política tributaria a fin de permitir a los empleadores regularizar a su personal sin entrar en situaciones de quebranto. Uno de los pilares de nuestra política fiscal consistirá en revalorizar al contribuyente como un sujeto de derecho y no simplemente como una fuente de ingreso. Luego, debemos apuntar a controlar y a difundir la ventajas de tener aportes previsionales y sociales, además de sancionar a quienes incumplen con la ley. Por último, es preciso que el Estado dé ejemplos en su administración laboral, blanqueando a todos los agentes que trabajan al margen de las normas o regularizando aquellos ítems salariales que hoy se perciben en negro.

 

Ricardo Bussi - Fuerza Republicana 

Hay trabajo en negro porque hay sectores sociales vulnerables que no consiguen buenos empleos. La fórmula repetida de anunciar programas con beneficios impositivos para pyme, y de amenazar con inspecciones y multas ha fracasado una y otra vez porque está incompleta. Yo voy a impulsar programas fiscales para recompensar al que dé trabajo digno y voy a castigar al que explote a los tucumanos. Quiero también reconvertir a los secundarios para que sus egresados puedan realizar labores especializadas bien remuneradas; para que ir a la universidad no sea la única alternativa para obtener trabajo bien pago. Finalmente, los planes sociales deben exigir como contraprestación que el beneficiario se capacite sin cargo en escuelas de oficios porque, de ese modo, el Estado estará subsidiando educación. Si no es así, si no damos a los sectores vulnerables herramientas para salir de la pobreza, convertimos al Estado en un financiador del trabajo en negro.

 

Mario Koltan - Unión y Progreso Social 

El 45 % de los trabajadores en Tucumán forman parte del trabajo informal y no tienen protección de la seguridad social, obra social ni seguros de riesgos de trabajo. Hay una estructura impositiva y previsional del Estado insoportable (44% en promedio sobre sueldos brutos). Hay casos donde los trabajadores piden que su trabajo sea informal o temporal, por miedo a perder la Asignación Universal por Hijo. Hay también algunos empresarios inescrupulosos que no formalizan a sus empleados para tornar creíbles sus  ingresos declarados y asegurarse la opción de despedirlos en cualquier momento sin indemnización. Proponemos disminuir el actual 44% de aportes patronales y previsionales al 30% (gestión nacional), y disminuir el actual 2,5% del impuesto a la salud pública provincial al 1%. Asimismo, asegurar por ley que si un empleador blanquea a sus asalariados no perderá el beneficio de la Asignación Universal por Hijo. 

 

Juan Manzur - Frente para la Victoria  

Para eliminar el empleo no registrado en la provincia nosotros vamos a fomentar los programas de entrenamiento e inserción laboral destinados a los ciudadanos más jóvenes y con beneficios para las empresas involucradas. Generaremos condiciones para que el primer empleo pueda concretarse a través de fondos proporcionados por microcréditos. Vamos a crear un nuevo régimen permanente de subsidios donde el Estado aportará hasta un 50% de las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores de empresas y microempresas. Además, por otro lado, vamos a fortalecer las instituciones que son del Estado que deben controlar que se cumpla con el empleo registrado y que los empleadores que se atengan a todas las normas obtengan beneficios impositivos. Nuestro compromiso, como proyecto, será crear mayores puestos de trabajo en blanco y que tanto el trabajador como el empleador resulten beneficiados.

 

Gumersindo Parajón - Alternativa Popular 

Si soy gobernador de la provincia, daré el ejemplo y haré un decreto que establezca que ningún empleado público podrá cobrar su sueldo ni parte de él en negro. Tampoco los representantes del pueblo o funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, que disfrazan una plata en negro como gastos de bloque, gastos de persona, representación u otros “curros” que perciben. Obligaré a controlar el comercio. Que los estudios de profesionales, los centros privados de salud y propietarios de servicios públicos blanqueen a sus empleados, haciéndoles el aporte jubilatorio. Asimismo, las amas de casa y los trabajadores -que jamás denuncian por temor a perder lo poco que ganan-  deberán cumplir con la ley. Y la AFIP, que es el órgano controlador, tendrá que revisar bien en qué categoría están inscriptos dichos profesionales, empresarios y comerciantes. Los agentes de la Secretaría de Trabajo provincial que no controlen y que reciban coimas serán exonerados.

 

Juan Luis Véliz - Frente de Izquierda 

El Estado, ya sea gobernado por el Partido Justicialista (PJ) o la Unión Cívica y Radical (UCR), ha sido cómplice de la precariedad laboral. Es lógico: benefician a los mismos empresarios que les financian sus millonarias campañas. Tanto en el Estado como en el sector privado, siempre el trabajador es la primera variable de ajuste. Al trabajo en negro debemos sumar el trabajo tercerizado, con bajos salarios e inestabilidad laboral. Los jóvenes y las mujeres son quienes reciben la peor parte. Los programas de “blanqueo” anunciados por el gobierno son, en realidad, beneficios para las patronales. Cualquier trabajador sabe que denunciar a su empleador es sinónimo de despido. Por eso, las primeras medidas serán prohibir despidos y suspensiones; terminar con las leyes de flexibilización laboral; el pase a planta de tercerizados y un salario mínimo igual a la canasta familiar. No es imposible, sólo hay que tocar los intereses económicos tutelados por el PJ y la UCR.

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