La comisión presidida por el legislador Ademár Rodríguez (PJ), está integrada además por Graciela Di Biase (ACD), Luis María Bardeggia (Foro Rionegrino), Renzo Tamburrini (PJ), Inés Lazzarini (PPR Histórico), Nelson Cortés (Crecer), Rubén Lauriente (ACD), Graciela Grill (ACD), Adrián Casadei (ACD), Magdalena Odarda (ARI) Y Jorge Pascual (ACD).

Según se informó en una gacetilla oficial “una vez iniciada la reunión en el horario pautado, los parlamentarios que se encontraban presentes eran: Rodríguez, Horne, Bardeggia, Bonardo, Maza, Pascual, Casadei y Lauriente”.

“Por no contar con el quórum necesario, el bloque oficialista se retiró, comenzando con el debate previsto con las entidades presentes pero sin dar tratamiento vinculante al temario”, continuó la comunicación oficial que agregó que “a continuación, se sumó la legisladora Inés Lazzarini”.

Al finalizar la reunión, la autora del proyecto, Silvia Horne (PJ) dijo a ADN que fue el oficialismo el que vació la reunión e impidió (con su retiro) que se lograra el quórum necesario para funcionar normalmente.

Horne por otra parte igual destacó que “lo importante es que tuvimos la presencia de las expresiones más representativas de la comunidad, como lo son las dos universidades nacionales, el obispado en sus tres diócesis, el CTA con los tres gremios más importantes que participan y concejales locales”.

El proyecto de la legisladora rechaza concretamente el acuerdo de cooperación para el proyecto de inversión agro alimenticio, la presentación de una propuesta de inversión para la instalación de una nueva terminal portuaria en el área del Puerto de San Antonio Este, celebrados por el Poder Ejecutivo, con las empresas Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group Co., Ltd. y con Strong Energy S.A.

Entre los principales cuestionamientos que figuran en los fundamentos del proyecto, se expone que los legisladores no fueron puestos en conocimiento del acuerdo de cooperación para el proyecto de inversión agro alimenticio, celebrado entre las empresas Chinas y el Gobierno provincial.

“La sociedad rionegrina no va a permitir que estos convenios avancen sin siquiera un tratamiento en la Legislatura y en los órganos de planificación como corresponden porque se contraponen con nuestra propia Constitución y con nuestra propia ley de procedimientos administrativo que no permite obviar el concurso público”, concluyó Horne.