Se solicitó que se ajuste la normativa provincial a los principios establecidos en el fallo "Mignone", la Ley 25.858 y los Decretos 1291/06 y 295/09 sancionados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernandez de Kirchner, que garantizan "el derecho al voto de los procesados de todo el país" para las elecciones de autoridades nacionales.

Se pidió además que se convoque a una audiencia para que todas las partes acordasen una serie de medidas que garanticen el derecho al voto de los detenidos.

Dado que la Provincia y la Nación comparten el padrón electoral, también se argumentó que no existen mayores dificultades para que los detenidos, en virtud del principio de inocencia y del derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, puedan elegir gobernador, diputados y senadores provinciales.

Los integrantes de AJUS afirmaron que desde su rol de abogados y docentes universitarios, la defensa de los derechos políticos de las personas privadas de libertad sin condena "constituye un paso ineludible" para contribuir al "fortalecimiento de un sistema jurídico fundado en los principios que inspiran la Justicia Social".