El precandidato a diputado nacional Gustavo Gutiérrez volvió al ruedo apuntando al gobernador, Francisco Pérez, por una denuncia penal en su contra que ya se tramita en la fiscalía de Delitos Complejos de Daniel Carniello. De hecho, pide al mandatario que renuncie a los fueros que obtendría en caso de ser electo parlamentario del Mercosur, para someterse a la Justicia.

El referente de la Coalición Cívica-Ari de Mendoza, y ex legislador provincial y nacional por el PD, promete colaborar con esa investigación judicial que apunta la mira a los vínculos entre el Gobierno provincial y la empresa Chañares Herrados SA (Chasa).

Además, Gutiérrez dice que el equipo de Elisa Carrió está analizando los antecedentes de Chasa y que presentarán la denuncia ante la Auditoría General de la Nación por el caso de Petróleo Plus, un programa del gobierno nacional para estimular la producción y prospección petrolera que Chasa recibió entre 2010 y 2013.

La Coalición Cívica es parte del frente Cambiemos, junto con el radicalismo, el Pro y el PD. Gutiérrez aspira a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación y competirá en las primarias del 9 de agosto con la candidata que impulsa el Pro, Susana Balbo y con el radical Fernando Armagnague.

La relación entre Chasa y el Gobierno fue informada por Los Andes desde el 21 de setiembre del año pasado, cuando se difundía el extraño accidente que sufriera el ex titular de Chasa, Luis Alfredo Zarattini, en Santa Rosa. El empresario es denunciado por organismos de derechos humanos por su participación en la represión militar de los ‘70 e incluso es vinculado a la organización de extrema derecha Tacuara.

El caso de Chañares genera dudas que son investigadas en dos expedientes judiciales: el ya mencionado que tramita Carniello y otro que conduce Claudia Ríos.

En el primero están denunciados el gobernador Pérez; el ministro de Energía Marcos Zandomeni; el subsecretario de Hidrocarburos, Pedro Sánchez; el director de Petróleo, Pablo Ropero y el ex subsecretario, Walter Vázquez. La acusación es porque Chasa no ha cumplido con los 266 millones de dólares que la petrolera debía invertir hasta finales de 2015 en nuestra provincia para incrementar la producción.

El segundo, en manos de la fiscal Ríos, es por la relación de amistad y empresarial que el ex subsecretario Vázquez tiene con Zarattini; ambos, más la esposa de Vázquez, son socios en Crowa SA y cuánto influyó esa relación en la prórroga de la concesión del área que Chasa opera en Mendoza.

Cabe recordar que en 2011 el gobernador Pérez era ministro de Infraestructura y Vázquez era subsecretario de Hidrocarburos. En aquel momento ambos firmaron la prórroga de la concesión que opera Chasa: se trata del área Chañares Herrados, ubicada en Tupungato. La concesión vencía en 2017 y, al finalizar el gobierno de Celso Jaque, se le amplió por 10 años más, a cambio de cumplir con una serie de requisitos entre los que se cuenta la inversión de más de 400 millones de dólares hasta la finalización del contrato.

Gutiérrez y la Coalición Cívica retoman estas investigaciones judiciales y apuntan al gobernador Pérez quien, además, es candidato a ocupar una banca en el Parlamento del Mercosur. Allí es que la aspirante al Parlasur de esa fuerza opositora, Alicia Groisman, sale con su renuncia a los fueros y tanto Groisman como Gutiérrez desafían a que Pérez haga lo mismo. 

Con la información disponible hasta ahora, Gutiérrez se hace una serie de preguntas: “¿Por qué la provincia y la Nación dejan un área petrolera en manos de personas con estos antecedentes? ¿Por qué Vázquez, siendo socio de Zarattini, no se excusó de participar en la prórroga del área? ¿Por qué Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y legisladores de la oposición no siguen las inversiones de Chañares Herrados, que han incumplido?”