La provincia de San Juan, con sus fuerzas vivas, va a ejercer la legítima defensa de sus intereses, frente al daño que produce esta ley que, bajo el disfraz de que pretende proteger a los glaciares, es una ley antiminera y anti progreso de San Juan”, dijo ayer el asesor jurídico del gobierno Guillermo De Sanctis, quien sostuvo que tal defensa “se hará aplicando una estrategia que ya está establecida y que en su momento se va a conocer”, pero que mantuvo en reserva.

Es que la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares “ha quedado promulgada de hecho y por el paso de los días sin que el Poder Ejecutivo tomara ninguna acción”, ya que según De Sanctis “la Constitución prevé que a los 10 días de que la Ley sancionada por el Congreso ingresa a la sede del Ejecutivo, si éste no realiza ninguna acción, que puede ser vetarla o promulgarla en forma expresa, la Ley quedará promulgada de hecho en forma tácita y eso es lo que ha pasado porque el Poder Ejecutivo ha guardado silencio hasta el día 28 de octubre, cuando se cumplió el plazo”.

El abogado contratado por el gobierno para asesorar jurídicamente al gobernador José Luís Gioja, reconoció que “sabíamos de antemano que la presidenta no iba a ejercer su posibilidad de veto como se había anunciado, pero no esperábamos que hubiera una promulgación de forma tácita como ha ocurrido”.

En cuanto a la entrada en vigencia de la norma, De Sanctis dijo que “de acuerdo al artículo 2 Código Civil, tienen que transcurrir ocho días desde la publicación para que una ley sea obligatoria y adquiera plena vigencia” y respecto de las expectativas sobre un decreto de reglamentación beneficioso, el abogado indicó que “en realidad, la reglamentación de la ley puede aclarar algunos conceptos sobre su aplicación, pero nunca una reglamentación puede ir mas allá de la ley misma, es decir que no se puede cambiar los alcances de la ley, ya que la reglamentación puede aclarar conceptos y hacer operativos los artículos de la ley, pero nada mas que eso”.

En virtud de ello, De Sanctis dijo que “es decir que el ataque y la invasión a las facultades provinciales que produce la ley, al haber tomado el estado nacional atribuciones que le corresponden a la provincia en orden al dominio de sus recursos naturales y la protección de su medio ambiente que le corresponde a los sanjuaninos, sigue igual y no va a cambiar con la reglamentación”.

De todos modos reconoció que “aspiramos a una reglamentación lo mejor posible”, pero calculó que la Ley “no va a resistir a los planteos legales que vamos a hacer y que se van a informar en su momento”, tras lo que se excusó de no dar mayor información porque “no voy a dar detalles de cómo van a ser esas presentaciones, porque adelantarse en el tiempo sería ejercer una mala defensa de los sanjuaninos”.

Dio a entender que habrá acciones judiciales de empresas, gremios y cámaras empresarias ante la Justicia Federal, pero abogó porque “en distintos ámbitos, debemos formar un frente los sanjuaninos, ya que nos tenemos que unir para defender el progreso y el desarrollo sustentable, a partir de nuestras posibilidades productivas que son combatibles con el cuidado del medioambiente”.